La semana pasada tuvimos nuevamente que informar y denunciar ante la opinión pública la aprobación de una decisión administrativa unilateral de Telcor. En esta ocasión nos referimos al “Acuerdo Administrativo 003-2015, Normativa para el pago de derechos y tasas”, publicado el 22 de septiembre del 2015 en la Gaceta #178.
El análisis que hemos realizado en Cosep, en conjunto con la Asociación de Internet de Nicaragua, nos permite comprender que estamos ante una nueva decisión del ente regulador, que además de inconsulta, si se aplica, alterará el marco de competitividad del mercado de telecomunicaciones, elevará las tarifas y pondrá en riesgo la viabilidad de las inversiones, especialmente de las pequeñas empresas, afectando el mercado e inevitablemente elevando costos al usuario final.
Lo preocupante es que se trata de una decisión administrativa que ha sido tomada sin previa consulta o aviso previo sobre un tema tan relevante como es, la modificación de derechos y tasas, siendo esta una decisión que cambia las reglas del juego, con efectos jurídicos y legales, que además pretenden hacer retroactivos; lo cual contradice la dinámica de trabajo que hemos tenido y temas superados como el consenso que habíamos alcanzado entre Cosep y el Gobierno sobre el Reglamento de la Ley de Torres y Antenas .
El citado acuerdo establece tarifas elevadas y asimetrías de cargos, cuyo impacto en costos operativos afectará irremediablemente al usuario final, en un momento donde tanto la industria como el gobierno reconocen la importancia de promover la asequibilidad y el fomento del internet en el país; lo que hace de esta decisión un contrasentido a ese importante objetivo de nación.
Los alcances que subyacen en el acuerdo tendrán un impacto negativo para todo el sector de las telecomunicaciones, pero en particular en aquellos operadores pequeños y medianos, muchos de los cuales fueron los que inicialmente introdujeron el servicio de internet al país; los cuales no soportarían el impacto económico por estas nuevas cargas tarifarias, que les obligaría a introducir nuevas tarifas al mercado en desigualdad de condiciones.
Pero además, provocaría de acuerdo a los especialistas de las empresas del sector, una distorsión en el mercado y un distanciamiento en relación a las mejores prácticas internacionales respecto a la racionalización de tarifas según amplitud y valor de mercado de frecuencias, así como la asignación de frecuencias de espectro ensanchado, lo cual limitará la competitividad nacional, con especial impacto en zonas rurales del país.
No podemos dejar también de advertir que se quieren imponer a las empresas tarifas dolarizadas en contravención de la Ley Monetaria; y se está limitando la posibilidad de ofrecer servicios prepago a los sectores de menor ingreso, al establecer mecanismos de recaudación y pago inflexibles.
Nuestro interés gremial ha sido coadyuvar para que el sector de las telecomunicaciones se desarrolle en beneficio de todos los nicaragüenses, y en esa dirección hemos trabajado en estimular la inversión y las mejores prácticas internacionales.
Prueba de ello es que la penetración celular en Nicaragua es hoy más de 122 por ciento, lo que significa que hay más de un teléfono celular por persona y esto solo se puede lograr en base a oferta y demanda, donde la tarifa juega un rol importante. La tarifa promedio que la gente consume es inferior a los 0.08 centavos, debido a las constantes promociones como quintuplica y sextuplica producto del clima de competencia.
En el país hay aproximadamente 7.5 millones de clientes de teléfonos celulares. Sin embargo, cifras al 2013 nos indican que en el país los clientes con internet apenas superaban los doscientos mil.
El reto es llevar el internet a la mayor cantidad de usuarios posibles, pero esto no lo puedes hacer cuando, además de tener costos de operación altos por los elevados costos de energía y una red de distribución eléctrica aún incompleta y que somos el único país de la región en que los smartphones tienen un impuesto selectivo del veinte por ciento, a través de este decreto, incrementas las tasas tanto para internet como para televisión por cable.
Nuestra disposición gremial es trabajar coordinadamente con el gobierno, pero estamos obligados en el marco de la legislación vigente a interponer en los próximos días un recurso de revisión en contra del acuerdo, con el interés de que por el cauce de la negociación y el consenso se resuelva esta situación satisfactoriamente en beneficio del desarrollo económico, social y tecnológico de nuestro país.
EL AUTOR ES PRESIDENTE DEL COSEP.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
