Los hechos de violencia suscitados en los últimos días en Waspam constituyen el reflejo de una problemática económica, social, jurídica y cultural de vieja data que va más allá de la simple defensa de las tierras indígenas.
Hay que estar claro que las formas comunales de propiedad de las tierras indígenas o comunitarias están reconocidas en los artículos 5, 89 y 180 de la Constitución Política, en tanto que en la Ley 28 Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua y la 445 de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, se establece que las tierras comunales son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
No obstante, la protección constitucional y la inalienabilidad de la tierra comunal se han violentado, pues en la práctica la poca demarcación o saneamiento que existe de la misma ha propiciado tanto la venta como la invasión mestiza de las propiedades algunas de forma legal y otras ilegales.
Asimismo hay casos que ilegalmente y con la complicidad de las autoridades indígenas, se han creado asentamientos humanos en tierras cuyos ocupantes consideran que no tienen dueño, motivando el desplazamiento de aventureros provenientes de diferentes partes del país quienes llegan con la actitud ambiciosa de “cercar” su pedazo de tierra para luego venderla.
Igualmente se está dando la movilización de familias pobres de la región central del país que atraídos por el bajo costo de las tierras venden sus pequeñas fincas en zonas de mayor plusvalía para posteriormente adentrarse en la montaña y adquirir una propiedad más grande a pesar de no recibir ninguna seguridad jurídica, lo cual ha incrementado de forma acelerada el porcentaje de la población mestiza al grado que en la actualidad los indígenas son la minoría.
Otro aspecto a considerar como parte de este problema son los intereses económicos e irracionales de los comerciantes de madera y productores ganaderos que ven en los bosques y montañas de la región una mina para la explotación maderera y la crianza de ganado.
Pero también hay otra realidad que tampoco se puede ignorar como es el hecho de que la zona en conflicto es uno de los lugares del país donde existen altos niveles de pobreza y la presencia del Estado históricamente ha sido precaria y deficiente.
La falta de poder o vacío estatal en las riberas del río Coco, también ha facilitado la penetración del narcotráfico y el crimen organizado que desafortunadamente ha encontrado allí un territorio fértil para realizar sus operaciones, logrando en algunos casos, por la situación de pobreza que se vive, el respaldo de los comunitarios, lo que puede explicar la tenencia de armas entre los bandos enfrentados.
Desde esta perspectiva la disyuntiva tiene que verse no como un enfrentamiento entre grupos antagónicos, sino como un problema de ausencia de autoridad, de falta de voluntad estatal para regular el dominio y posesión de las tierras comunales y establecer las reglas de convivencia entre los viejos y nuevos residentes.
Lo que se requiere entonces es que el Estado asuma de una vez por todas su responsabilidad, no enviando a las fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía a resolver el problema con más violencia, a punta de balas, sino encontrando una solución basada en diálogo, la cohabitación, el incremento de la presencia gubernamental mediante el desarrollo de proyectos que coadyuven a mitigar la pobreza y principalmente, garantizando el cumplimiento de las leyes que regulan la tenencia de las tierras comunales y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas.
El autor es licenciado en Derecho y en Relaciones Internacionales, miembro del grupo Projusticia.
