Los operadores del sistema de justicia, Policía, Fiscalía y poder judicial se coludieron para enterrar el caso del pistolero Samir Antonio Matamoros y desviar la atención hacia otros actores, mediante una serie de irregularidades procesales que se dieron desde la captura, anuncio y posterior traslado del sospechoso a los tribunales.
Así lo señala Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien enumera una serie de irregularidades cometidas por la Policía desde que se dio el hecho el pasado 2 de septiembre.
Según Carrión, la Policía primero no contuvo la comisión del delito cuando se ejecutaba, sino que 24 horas después apareció anunciando la captura del sospechoso.
De haberlo detenido en el momento, dice Carrión, la población podría haber estado segura hoy por hoy que el capturado es el mismo sujeto que disparaba “y no crear dudas razonables en torno a la identidad del hechor”.
Luego, señala Carrión, el tipo supuestamente fue llevado a la Dirección de Auxilio Judicial, en El Chipote, sin notificarle a la familia o garantizarle sus derechos procesales “en un lugar al cual nosotros consideramos que se le violan todos los derechos posibles a los reos que ahí son llevados”.
LARGA LISTA DE IRREGULARIDADES PROCESALES
Después de eso, agrega Carrión, la Policía leyó los antecedentes delictivos del supuesto pistolero, mismos que no coinciden con los registros judiciales digitales de Matamoros, en el sentido de que se le achacan procesos judiciales en ausencia, aunque en los registros más recientes se confirma que fue puesto en libertad el 29 de junio del año en curso, mientras la Policía señalaba que fue investigado y procesado en ausencia el día 9 de junio por robo agravado y portación ilegal de armas de fuego.
Lo más grave, a criterio de Carrión, cometido por los operadores de justicia, es lo que ocurrió después de eso: lo presentaron al juzgado más de 48 horas después de lo que establece el Código Procesal Penal, impidieron el acceso a la abogada defensora propuesta por la familia del acusado, censuraron el acceso a los medios no oficialistas a una audiencia oral y pública, no mostraron al reo a las víctimas en el proceso del reconocimiento del victimario, tampoco se les notificó a los acusadores y a las víctimas del pistolero sobre el proceso judicial para que pudieran estar presentes en la audiencia; el juez apuradamente aceptó la confesión del sospechoso y la Fiscalía no indagó sobre aspectos cruciales del caso, como el origen del arma, la identidad del motorizado que transportó a Matamoros y los detalles de la supuesta participación de Mónica Zalaquett, directora del Centro de Prevención de Violencia (Ceprev), en el caso, tal y como lo declaró sin pruebas Matamoros.
Policía parcializada
De igual modo Roberto Orozco, consultor e investigador en temas de seguridad, dijo que la Policía Nacional extrañamente no aplicó con Matamoros los mismos rigores de custodia que aplican con otros reos sospechosos de delitos comunes.
“Usualmente siempre se le ha criticado a la Policía que viola el principio de presunción de inocencia de los reos al presentarlos esposados y a la fuerza a dar la cara antes los medios, sin siquiera haber ido a juicio, pero en este caso no solo no presentaron a Matamoros en la conferencia de prensa, sino que aparte de ocultarlo, o protegerlo de los medios independientes, le permitieron ingresar con el mismo pasamontañas con que lo identifican en las fotos de la escena del crimen, sin ninguna objeción del juez a cargo del caso”, señala Orozco, para quien no existe convicción absoluta de que el reo presentado sea el mismo que disparó en la protesta.
“La Policía no se a qué apuesta, pero debería saber que está mostrando un lado sombrío que no se le veía en mucho tiempo, desprovisto de toda transparencia”, dijo.
INFAMIA OFICIAL CONTRA UNA MUJER
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, y la dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Azahálea Solís, coinciden en que detrás de las pretensiones de involucrar a Zalaquett con el incidente de violencia ocurrido el pasado miércoles en Metrocentro, hay un mensaje dirigido a las organizaciones no gubernamentales del país. “Me parece que es una cortina de humo para querer desviar la atención… Algún mensaje intimidante como parte de la persecución que impulsan contra las organizaciones. Cuidado se lo dicen a Juan para que entienda Pedro”, expresó Núñez.
A criterio de Núñez, las autoridades buscan “usar a su máxima expresión: el miedo” para que llegado el momento “de la farsa de elecciones que van a montar, todo mundo esté con más miedo. Allá los que se dejen intimidar”.
Ella también manifestó sus dudas en torno a la verdadera identidad del pistolero: “¿Quién no puede pensar que para encubrir al policía, que fue la persona que identificaron con nombre y apellido las víctimas principales, ahora estén tomando a este muchacho, por sus antecedentes y todo lo demás como chivo expiatorio? Pienso que esta investigación no está del todo cerrada”.
Mientras, Solís consideró que el Gobierno intenta silenciarles.
“Le preocupa mucho (al Gobierno) que la gente se involucre en la lucha social de verdad, por derecho social, creo que quieren meter ruido alrededor de este asunto, meter cizaña, división, miedo, intimidación, que la gente de las organizaciones sociales tema opinar, quiere provocar el silencio”, indicó Solís.
LLUEVE SOLIDARIDAD A ZALAQUETT
Las acusaciones vertidas por el pistolero de Metrocentro, Samir Matamoros, en contra de Mónica Zalaquett, lejos de afectar la imagen de la directora del Ceprev, le han generado una ola de solidaridad de varios sectores y organizaciones del país. La directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Elvira Cuadra, manifestó que “la acusación no tiene sentido ni fundamento, en principio por la persona de quien proviene y luego porque las otras voces que han alimentado la acusación, creo que no son realmente objetivas”.
Para Cuadra, la forma en que se ha mantenido ese discurso no contribuye al trabajo que realizan otras organizaciones contra la violencia en el país, al tiempo que cree que esta acusación pone en riesgo la vida de las personas y efectividad de este tipo de trabajo. Jenny Leiva, directora de Fundación Nicaragua Nuestra, que labora coordinadamente con instituciones del Estado en la reinserción social con jóvenes, dijo que es primera vez en la historia de este tipo de organizaciones que un joven reinsertado externa una declaración negativa hacia una persona que trabaja en la sociedad civil.
De igual modo, Hagamos Democracia y el Partido Liberal Independiente emitieron pronunciamientos en los que condenan este intento por involucrar a la directora del Ceprev, a quien ofrecen su respaldo.
VÍCTIMAS ANTE FISCALÍA
David Campos y Chéster Jiménez, dos de los cuatro denunciantes del homicidio frustrado y otros delitos contra Samir Antonio Matamoros, durante la protesta del miércoles 2 de septiembre, rechazaron la acusación que hizo la Fiscalía el pasado sábado en los Juzgados. Ambos reclaman a la Fiscalía que les entreguen una certificación, a fin de que ellos puedan acusar directamente en los tribunales. En la acusación la Fiscalía pidió la pena mínima de tres años por el delito de homicidio frustrado, lo cual es rechazado por los acusadores.
