El Ministerio Público acusó a 12 personas de asesinato, crimen organizado, portación y uso ilegal de arma de fuego y robo agravado por supuestamente haber participado en el crimen contra cinco policías, el pasado 16 de agosto, en una comunidad de Punta Gorda, Bluefields.
Aunque los hechos se dieron en la circunscripción Caribe, no se sabe por qué acusaron acá en Managua, sustrayendo de su juez competente, en cuanto a la territorialidad, a los imputados.
Los acusados son: Pablo Cruz López, Jerónimo Aguilar Gómez, Gabriel Reyes, Sotero de Jesús Alvarado, Juan de Dios Rodríguez, Eliborío Suazo Calero, Tomás Téllez, Luis Téllez Rostrán, José Flores alias “Chepón”, Carlos Antonio García Méndez, Denis Mendoza y Jairo Oporta.
La causa se ventilará en el Juzgado Sexto Penal de Audiencia de Managua, donde el juez Henry Morales ayer no realizó la audiencia y se desconoce el porqué.
FAMILIARES SOSTIENEN LA NO CULPABILIDAD
Las hermanas María Ercilia e Hilda Jamileth Martínez se quedaron con un listado de firmas levantado en su comunidad entre personas que dan fe del comportamiento de sus esposos, Juan de Dios Rodríguez y Sotero Reyes, como líderes de la Iglesia católica en la comunidad Santa Elena, del Polo de Desarrollo Daniel Guido, pues nadie las ha escuchado.
Ambas recurrieron al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) para denunciar que desconocen los motivos por los cuales involucran a sus parejas, cuando hay testigos de que el día del múltiple crimen los vieron en sus comunidades, distantes a cuatro horas de donde ocurrió el hecho.
Aunque el viernes introdujeron un recurso de amparo a favor de los detenidos, el tribunal lo rechazó el mismo viernes. Asimismo relataron que no los han visto ni han tenido acceso a un abogado, únicamente les han recibido la comida que les llevan a El Chipote.
Marjourie Rodríguez, abogada del Cenidh, criticó que los presos están en indefensión. Ha sido una mala práctica que se les priva el derecho de comunicarse con sus familiares y el no permitirles un defensor.
SUSTRAEN A ACUSADOS DE SU JUEZ COMPETENTE
El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, criticó que el Ministerio Público haya acusado a los 12 campesinos fuera del lugar donde ocurrieron los crímenes, porque se estaría violando el procedimiento legal y por tanto viciando el proceso y violando los derechos procesales de los acusados. La competencia territorial está asignada en el artículo 22 del Código Procesal Penal de Nicaragua.
