La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) allanó ayer el camino para levantar la inmunidad al atribulado presidente Otto Pérez Molina y que pueda enfrentar cargos de corrupción, al tramitar un pedido de antejuicio de la Fiscalía.
“El pleno de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad decidió dar trámite a la solicitud de antejuicio y trasladar el expediente al Congreso de la República para que se resuelva conforme a lo que se estime conveniente”, dijo el vocero del organismo, Ángel Pineda.
El antejuicio, el mecanismo para despojar de la inmunidad al mandatario para que sea investigado, lo pidieron el pasado viernes el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el argumento de que tienen indicios que vinculan a Pérez Molina con la red de defraudación aduanera conocida como “La Línea”.
El expediente contra Pérez fue recibido en el Congreso, que deberá formar una comisión pesquisidora para que evalúe las pruebas y recomiende al pleno si es viablelevantar la inmunidad del mandatario. Para hacerlo se necesitaría el apoyo de 105 de los 158 diputados del Congreso.
SEGUNDA VOTACIÓN
El pasado 13 de agosto, el Congreso le dio un respiro al presidente cuando votó en contra de quitarle la inmunidad por otro antejuicio presentado por un diputado opositor por el mismo caso de defraudación aduanera.
La crisis política comenzó en abril pasado, cuando se reveló la existencia de una organización que cobraba sobornos a empresarios para facilitarles la evasión de impuestos aduaneros.
Pese a reclamos populares pidiendo su salida de la Presidencia, Pérez descartó dimitir en un mensaje dirigido al país la noche del domingo.
La crisis, sin precedentes en la historia reciente de Guatemala, se intensificó a menos de dos semanas de las elecciones generales del 6 de septiembre.
FUNCIONARIOS RENUNCIAN
Después de la revelación, el mandatario comenzó a perder integrantes de su equipo de Gobierno: 6 de sus 14 ministros (los de Economía, Educación, Agricultura, Salud, Finanzas y Comunicaciones) renunciaron.
En paralelo dimitieron siete viceministros (tres de Economía, dos de Finanzas y dos de Comunicaciones), así como la titular de la Secretaría de Planificación de la Presidencia, Ekaterina Parrilla.
No obstante, hasta el momento, Pérez Molina solo aceptó las renuncias de la titular de Educación, Cynthia del Águila, y el de Salud, Luis Monterroso.
Pérez juramentó ayer en privado a los nuevos ministros de Educación, Eligio Sic, y de Salud, Werner Ramírez, así como al nuevo comisionado de Competitividad, Acisclo Valladares.
El barco de Pérez, un general retirado, también fue abandonado por los secretarios de Inteligencia Estratégica, Julio Godoy, y del Consejo Técnico de Seguridad, Ricardo Bustamante.
PROTESTAS CALLEJERAS
En medio de la convulsión, una decena de organizaciones campesinas e indígenas cerraron ayer unos 15 tramos carreteros del país para exigir la dimisión del jefe de Estado, según el departamento de Tránsito y de Asistencia al Turista.
El dirigente campesino Daniel Pascual anunció que estas medidas continuarán hoy.
En tanto, la estatal Universidad de San Carlos convocó a una caminata “cívica y pacífica” para mañana, que partirá del campus central de la institución hacia la Plaza Central, en el centro histórico de la capital.
Por su parte, la poderosa cúpula empresarial pidió la “renuncia inmediata” del gobernante el pasado viernes, aunque no ha dicho si apoyará un paro nacional para presionar por su salida.
