Tres organismos de la sociedad civil (Hagamos Democracia, Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asociación Permanente de Derechos Humanos), se han constituido como “Comité pro Elecciones Libres y Justas” y demandaron al Consejo Supremo Electoral (CSE), que “se invite como observadores electorales a los organismos internacionales: OEA, ONU, Unión Europea, Centro Carter, entre otros”.
Para hacer esta demanda al CSE el Comité ha tenido en cuenta el criterio del director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Gerardo Icaza, en el sentido de que “la posibilidad de apoyo como observadores internacionales depende de que las autoridades electorales (de Nicaragua) formulen una invitación a través de cancillería.”
La observación electoral internacional es una garantía para que las elecciones puedan ser libres, limpias y confiables, y que la voluntad popular manifestada en las urnas sea acatada por quienes detentan el poder.
De no haber sido por la observación electoral internacional, que se puso en marcha desde el comienzo del proceso electoral y se desplegó en todo el país, el resultado de la votación de los ciudadanos en las históricas elecciones del 25 de febrero de 1990 no hubiese sido respetada. Gracias a la presencia de nutridas misiones de observación electoral de las Naciones Unidas, la OEA y el Centro Carter, entre otros organismos internacionales, aquellas elecciones fueron básicamente competitivas y limpias y los comandantes del Frente Sandinista se vieron obligados a reconocer sus resultados.
Por los Acuerdos de Esquipulas II, suscritos en agosto de 1987 por los presidentes de todos los países centroamericanos, incluyendo a Daniel Ortega, fue posible la realización de elecciones libres y limpias para la democratización de Nicaragua y el establecimiento de la paz, después de varios años de sangrienta guerra civil. En los Acuerdos de Esquipulas II quedó establecido el compromiso de todos los gobernantes, de invitar a la OEA, la ONU y a gobiernos de terceros estados, “para que envíen observadores que deberán constatar que los procesos electorales se han regido por las más estrictas normas de igualdad de acceso de todos los partidos políticos a los medios de comunicación social, así como por amplias facilidades para que realicen manifestaciones públicas y todo otro tipo de propaganda proselitista”.
Aquellos Acuerdos de 1987, incluyendo el compromiso de realizar elecciones libres con la presencia de observadores internacionales, siguen vigentes y su cumplimiento en la actualidad es tan necesario como en 1990.
Al respecto el funcionario de la secretaría general de la OEA tiene razón, al decir que para poder enviar una misión de observación electoral el próximo año tendría que haber una invitación de las autoridades nicaragüenses. Así lo dice claramente el procedimiento establecido para tal efecto en la Carta Democrática Interamericana de la misma organización hemisférica.
Pero la OEA y la ONU no deben esperar pasivamente que el gobierno de Ortega quiera o no invitarlas a observar las elecciones de 2016. Los Acuerdos de Esquipulas II están vigentes, el gobierno de Daniel Ortega tiene la obligación de cumplirlos y la OEA y la ONU deberían presionarlo políticamente para que los cumpla.
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