Con mucho interés he seguido los señalamientos hechos al Banco Central de Nicaragua (BCN) respecto de la imprecisión en las Cuentas Nacionales y Balanzas de Pagos, no solo por haber dedicado la tesis de mi licenciatura y maestría al derecho de acceso a la información pública, sino porque fui yo quien en el 2007, siendo titular de esta dependencia Antenor Rosales, hice la propuesta de reglamento interno e implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública en el BCN.
Para entonces, el BCN estaba entre los cinco países de Latinoamérica que mayor información ponían a disposición en sus sitios web, además, a la fecha el BCN es la única dependencia pública en Nicaragua que tiene un reglamento interno para garantizar el derecho de acceso a la información pública. No obstante, no puedo sumarme a la defensa que a capa y espada hace el presidente del Cosep de los datos de BCN.
Don José Adán Aguirre: los “opinólogos” son necesarios en una sociedad democrática por ejercer auditoría social, no los descalifique. Peor tantito, descalificó la opinión de editorialistas de medios de comunicación, eso, es un ataque directo a la libertad de expresión al pretender incidir en la línea editorial de un medio. En una sociedad democrática la divergencia de ideas se debate sin descalificar al emisor de una crítica, ya que le corresponde a la opinión pública decidir si este medio u “opinólogo” tienen o no la razón.
Partiendo de esa premisa, también discrepo del exdiputado José Pallais, quien aseguró en una entrevista que la Ley de Acceso a la Información Pública es una de las mejores de Latinoamérica. Lo cierto es que nuestra Ley cumple con los estándares mínimos, pero tiene graves deficiencias conceptuales, una protección jurisdiccional del derecho inconstitucional y un régimen de responsabilidades administrativas especiales muy defectuoso, entre otras cosas.
El BCN, al igual que cualquier dependencia de gobierno, tiene información muy variada, pero uno de sus objetos principales es generar información (Cuentas Nacionales y Balanzas de Pagos incluidas) a la cual no solo tenemos derecho a acceder, sino que tenemos derecho a que esa información sea veraz, es decir, se ajuste a la verdad. La explicación del titular del BCN al respecto y corrección del error no restituyen la violación a nuestro derecho de acceso a la información pública veraz. La responsabilidad administrativa tiene un primer umbral de gravedad, que es la afectación de la dinámica interna de la institución y un segundo umbral que se da cuando la afectación trasciende fuera de la dependencia, como es el caso.
Si el rol primordial del BCN es la generación de información, la cual es pública y veraz, entonces no estamos ante una simple imprudencia administrativa, sino ante una actuación deliberada. Si su función es la generación de información, no es aceptable que se genere de forma imprecisa con inobservancia de estándares en la materia.
No es la primera vez que se señala a un banco central de adulterar datos para maquillar la gestión gubernamental, esto mismo ocurrió recientemente en Argentina con la presidenta Cristina Fernández. En 2012 existieron tensiones entre el FMI y Argentina, al orientar el organismo multilateral mejorar la calidad de los datos reportados en el IPC y el PIB.
La lección que nos debe quedar sobre esta polémica no es si los números están bien o mal o si nuestra legislación sobre acceso a la información es excelente o defectuosa, sino que una auditoría social oportuna respecto de esos números abrió el debate. Una sociedad democrática no se construye atacando y callando las voces disidentes, por el contrario, se hace necesario exigir la verdad respecto de los señalamientos incómodos al poder.
El autor es maestro en Derechos Humanos.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
