Aunque a nivel mundial la producción de más de la mitad de los alimentos recae sobre los hombros de las mujeres campesinas, en América Latina y el Caribe enfrentan condiciones de desigualdad social y política, que les impide ser propietarias de las tierras que cultivan.
En promedio solo el 18 por ciento de las explotaciones agrícolas en América Latina y el Caribe es manejado por mujeres. “Eso entorpece el buen desempeño del rol fundamental que ejerce la mujer en la erradicación del hambre y la preservación de la biodiversidad, a través de la conservación de semillas y recuperación de prácticas agroecológicas para la producción de alimentos saludables”, advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), en su informe Más Tierra para las Mujeres, Mayor Seguridad Alimentaria para Todos.
Para la FAO en términos de la propiedad sobre la tierra, “las mujeres se hallan en franca desventaja frente a los hombres”. Un estudio realizado en 2012 en seis países determinó que el porcentaje de propietarias alcanza el 32 por ciento en México, el 27 por ciento en Paraguay, el veinte por ciento en Nicaragua y solo el 14 por ciento en Honduras.
En Nicaragua, según el Cuarto Censo Nacional Agropecuario (Cenagro, 2011), solo el 23.30 por ciento de los 261,321 propietarios de fincas son mujeres.
MUCHOS OBSTÁCULOS
“Esto limita la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer como condición necesaria para erradicar la pobreza y el hambre en la región”, sostiene Claudia Brito, oficial de género de la FAO.
Para Brito, el control efectivo de la tierra por parte de las mujeres podría tener un mayor impacto en la seguridad alimentaria y nutricional en la región, por lo que hay un enorme potencial que desarrollar.
Otra limitante, según Brito, es que las mujeres reciben solo el diez por ciento de los créditos y el cinco por ciento de la asistencia técnica, “situación que los gobiernos de la región deben enfrentar”.
En el caso de Nicaragua el Cenagro solo detalla que durante el ciclo agrícola 2010-2011 de las 262,546 fincas registradas, solo 41,756 solicitaron financiamiento y de estas 38,680 lo recibieron, en tanto 46,063 recibieron asistencia técnica.
La organización reconoce que la mayoría de países de América Latina y el Caribe han sabido reconocer esta realidad y han reformado sus leyes de tierra, códigos civiles y de familia, aprobando leyes que reconocen la igualdad de derecho entre hombres y mujeres, incluyendo sus derechos de propiedad.
HAY MARCO JURÍDICO
“Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Bolivia han introducido medidas inclusivas para garantizar la propiedad de la tierra por las mujeres, mientras otros (Nicaragua, Venezuela y Paraguay) han garantizado su acceso a mujeres jefas de hogar en sus legislaciones agrarias. Sin embargo aún persisten importantes brechas en la tenencia de la tierra como parte de los derechos de las mujeres rurales”, señala el informe.
“Efectivamente existe un marco jurídico, sin embargo otra cosa es su cumplimiento. Existe una ley que establece la creación de un fondo para la compra de tierras para mujeres rurales, sin embargo no se ha creado y las mujeres siguen sin recibir el crédito para comprar la tierra”, explica Blanca Lidia Torres, del comité técnico de la Federación Agropecuaria de Cooperativas de Mujeres Productoras del Campo de Nicaragua (Femuprocan).
Estos obstáculos para acceder a la propiedad de la tierra, según Torres, impiden que las productoras se desarrollen integralmente, ya que dependen de parientes que les presten parcelas para la siembra “a medias”, que implica la entrega de parte de la cosecha o del alquiler. Situación que les incrementa los costos de producción y las expone a pérdidas, sobre todo en esta época de clima variable, ya que independientemente de que produzcan tienen que pagar el alquiler de la tierra.
“Por eso la importancia del fondo para la compra de tierras, ya que los cinco mil o seis mil córdobas que pagan por el alquiler los invertirían en la compra de sus propias parcelas”, dice Torres.
Además no tener tierra propia impide la diversificación y la incorporación de prácticas amigables con el ambiente, como el establecimiento de cercas vivas y otras. “Eso solo se puede hacer en tierras propias”, afirma Torres.
Para Femuprocan la propiedad de la tierra además de garantizar mejores condiciones de vida para las familias encabezadas por mujeres, también garantiza la generación de empleo para sus familiares, lo que a la vez frena la emigración en busca de trabajo.
LEY SIN CUMPLIR
En el 2010 fue aprobada y reglamentada la Ley 717, Ley Creadora del Fondo para la Compra de Tierras con Equidad de Género para las Mujeres Rurales, que establece la creación de un fondo que será administrado por el Banco de Fomento a la Producción (Produzcamos) para otorgar créditos a las mujeres para la compra de tierra. Sin embargo, aún no se crea.
La Federación Agropecuaria de Cooperativas de Mujeres Productoras del Campo de Nicaragua (Femuprocan) y otras organizaciones que integran la campaña Crece, han presionado a las autoridades para que cumplan con este mandato, pero hasta ahora no logran nada.
Incluso realizaron la campaña Cien Cartas en Cien Días, en la que las productores enviaron cartas al presidente inconstitucional Daniel Ortega, pero no obtuvieron respuesta.
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