En el país se sigue hablando sobre la masacre cometida por miembros de la Policía en Las Jagüitas, matando a dos niños y una joven madre. Y no es para menos, esto es algo que no ocurre a menudo ni siquiera en países que están sometidos a las más férreas dictaduras.
Sin embargo, en el debate sobre la Policía no solo se condena los crímenes policiales, como el de Las Jagüitas el 11 de julio o el de El Carrizo en noviembre de 2011. La Policía también tiene defensores, quienes dicen que no solo hay que ver los “errores” en la aplicación de las técnicas policiales, como llaman a la matanza de Las Jagüitas, sino también reconocer que gracias a esta Policía Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica.
Pero el problema esencial de la Policía de Nicaragua no es de carácter técnico. Se trata de un problema político. Es que la Policía se ha desnaturalizado, al ponerse al servicio de un régimen autoritario y convertirse en guardián de un proyecto de perpetuación personal y familiar en el poder.
En este sentido, en los círculos democráticos y opositores en general se debería discutir qué es lo que se va a hacer en el futuro con esta Policía. El orteguismo no estará siempre en el poder. Aunque derive en una dinastía, como la dictadura somocista, algún día tendrá que terminar. La democracia volverá a resplandecer en Nicaragua y cuando eso ocurra se tendrá que tomar una decisión política, de sociedad y de Estado, sobre instituciones públicas como la Policía.
En 1990, después de que Daniel Ortega y el Frente Sandinista perdieron las elecciones y entregaron el Gobierno, se discutió intensamente acerca de qué se debía hacer con la Policía Sandinista, que había sido creada según el modelo de los sistemas totalitarios de Cuba y la Unión Soviética. Los más radicales en el sector democrático y la derecha, sostenían que la Policía debía ser disuelta, igual que el Ejército, y crear una nueva institución policial, democrática, civil y profesional.
Pero disolver el Ejército y la Policía del Frente Sandinista era prácticamente imposible, porque su dictadura no fue derrotada en la guerra, ni derrocada como el régimen somocista. Lo factible era profesionalizar y despartidarizar el Ejército y la Policía. Y eso fue lo que se hizo, poco a poco, con muchas dificultades pero con la colaboración incluso de muchos mandos militares y policiales, que se acomodaron a la nueva situación convencidos de que adaptarse a las reglas de la democracia era lo más conveniente para ellos mismos.
La experiencia histórica demostró que aquella decisión fue la mejor. El Ejército y la Policía se reconvirtieron exitosamente, hasta que, lamentablemente, la democracia fue traicionada y Daniel Ortega pudo recuperar el poder. Lo que ha ocurrido después con todas las instituciones del Estado, incluyendo la Policía, es una historia actual y de sobra conocida.
Ahora, los partidos y movimientos políticos de oposición que aspiran a tomar el poder para reconstruir la democracia, tendrán que decidir que será lo más conveniente y factible que se pueda hacer con la Policía, cuando termine el régimen orteguista. Volverla al camino que se recorrió con éxito de 1990 a 2007, o disolverla, en el caso de que esto fuese posible, para crear un nuevo cuerpo policial apolítico y democrático.
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