Hoy serán acusados formalmente los 14 policías que asesinaron a dos niños y una joven mujer de la misma familia, en la matanza del sábado 11 de julio en Las Jagüitas. Así lo anunció el viernes pasado la fiscal general del país, a pesar de que según la Constitución (artículo 33), debieron ser puestos a disposición judicial a más tardar 48 horas después de su detención, o sea en la mañana del martes 14 de julio.
Esta arbitrariedad cometida desde el comienzo de este caso por la Policía y la Fiscalía, solo se puede entender como una señal de que este nuevo crimen policial también quedará en la impunidad. El mismo Daniel Ortega fortaleció esta presunción, al mencionar de manera superficial la masacre de Las Jagüitas en solo quince segundos de su discurso del 19 de julio, sin dignarse a pedir perdón a la familia de las víctimas en su condición de jefe máximo de la Policía de Nicaragua.
En realidad, no se puede esperar que se haga justicia y se castigue a los policías que cometieron el crimen de Las Jagüitas —y que se sancione al alto mando policial por lo que le corresponde—, si la Fiscalía es dirigida por policías retirados, si la Policía ha sido vaciada de institucionalidad y convertida en fuerza represiva de Daniel Ortega, y si la administración de justicia no es independiente sino que está subordinada al partido político que manda según su capricho en todos los aparatos y servicios del Estado.
Aseguran los historiadores y antropólogos que una de las principales condiciones para que la humanidad saliera de la barbarie, fue el rechazo y castigo del homicidio y más aún de los asesinatos atroces. Y con el desarrollo de la justicia penal, se ha llegado a considerar que aunque la pérdida de la vida humana no se compensa con la aplicación de sanciones como el encarcelamiento de quien la ha cercenado violentamente, al menos es una manera de que el crimen no quede sin castigo.
Se considera justamente que la peor de todas las formas de injusticia es la impunidad, porque trivializa el crimen contra la vida humana, impide el derecho de la sociedad a la reparación y niega a los deudos la satisfacción moral de saber que el criminal por lo menos ha sido recluido en la cárcel, aunque su privación de libertad no le devuelva la vida a la persona que ha sido asesinada.
La impunidad, que es una aberración social y vergüenza de la humanidad, ocurre precisamente en aquellos países donde no hay Estado de derecho o solo existe en el papel; donde la justicia no es independiente y la administración judicial está minada por la corrupción política; donde los cuerpos policíacos son protegidos por jurisdicciones especiales o tienen autorización de hecho para abusar de los ciudadanos, en vez de protegerlos.
La situación es más grave cuando se crea la sensación de que la impunidad es inevitable e imposible de erradicar, lo cual conduce a creer que la justicia verdadera es imposible y que no queda más remedio que resignarse a esa oprobiosa situación, en vez de luchar contra ella.
Sin duda que en la aplicación de la justicia se cometen errores y en ocasiones se culpa y condena a inocentes. Pero más degradante que la condena injusta es la impunidad, porque esta jamás se puede revertir.
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