El gobierno y la dirigencia de la empresa privada han celebrado el anuncio de que la calificación crediticia de Nicaragua ha sido mejorada, pasando de categoría B3 a B2 con perspectiva estable. Así lo dio a conocer a fines de la semana pasada la agencia internacional calificadora de riesgos, Moody’s, y según representantes del sector empresarial esto ubica al país en mejor posición ante inversores extranjeros y prestamistas internacionales.
A juicio de los expertos, pasar de categoría B3 a B2 no es la gran cosa. Sin embargo es un reconocimiento de los cambios que se han operado en la economía nicaragüense, graduales y pequeños pero continuos y positivos. Según el informe de Moody’s, esos cambios se advierten en los índices de crecimiento económico, el manejo de la balanza de pagos y las cuentas fiscales del país y la visión aprobatoria del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, la misma agencia calificadora de riesgos advirtió que Nicaragua podría perder ese pequeño logro, si termina la cooperación petrolera de Venezuela y por consecuencia se deterioran los indicadores económicos. O sea que sobre el cuello económico de Nicaragua pende una especie de espada de Damocles, cual es la profunda, incontrolable y al parecer insuperable crisis venezolana.
En este sentido, economistas independientes han alertado que la mejoría en la clasificación crediticia de Nicaragua podría estar basada en una imagen proyectada por el Gobierno, que no se corresponde con la realidad. Se menciona al respecto que de un tiempo para acá el Banco Central ha estado manipulando y escondiendo información sobre los indicadores económicos del país. Y se dice que la verdad es que el país no puede colocar deuda pública o soberana en los mercados financieros internacionales, por falta de (o dudosa) capacidad de pago.
Pero de cualquier manera, si los líderes de las cúpulas empresariales creen y aseguran que la leve mejoría de Nicaragua en la calificación de riesgo crediticio de Moody’s, es positiva para mejorar el clima de negocios, debemos asumir que en realidad es algo bueno para el país.
En todo caso, lo malo no es que la mejoría en la calificación de riesgo crediticio del país sea muy pequeña. Lo realmente negativo es que la calificación de la institucionalidad democrática de Nicaragua no mejora absolutamente nada. Peor todavía, la calidad de la democracia nicaragüense —o más bien dicho, de lo que queda de ella— más bien está empeorando, entre otras cosas por el empecinamiento de Daniel Ortega en mantener y reforzar su maquinaria electoral hacedora de fraudes, y los crímenes policiales contra la ciudadanía, como la brutal matanza del sábado pasado en Las Jagüitas de Managua.
A nosotros no nos cabe ninguna duda de que la calificación de Nicaragua para ser más confiable ante los inversores extranjeros y los otorgadores de créditos internacionales, sería mucho mejor si hubiese en el país una democracia solvente, justicia independiente y Estado de derecho funcional. Incluso, aún bajo el régimen de Ortega la calificación habría sido mejor que la determinada por Moody’s la semana pasada, si se hubieran adoptado o por lo menos anunciado medidas para que las elecciones del próximo año sean confiables —por transparentes y justas—, en vez del nuevo fraude igual o peor que los anteriores que a todas luces ya se está preparando.
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