El líder opositor venezolano Henrique Capriles propuso al Gobierno una serie de medidas para atender la «emergencia económica», entre ellas ajustar los salarios un 50 %, «negociar» mejores condiciones para el pago de la deuda externa y devolver las empresas expropiadas.
«No es una aspiración, no es que estamos buscando un voto, el país está en este momento en una situación de emergencia, una hiperinflación sumada a una recesión económica (…) ante eso no podemos ser indiferentes y no proponer nada», dijo Capriles, gobernador del estado Miranda, en una rueda de prensa en Caracas.
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El dos veces candidato presidencial recomendó al Gobierno venezolano que aplique, entre otras medidas, un ajuste salarial del 50 % a todos los trabajadores y que se revisen «todos los convenios donde hay envío de petróleo» a otros países, recurso que supone más del 90 % del ingreso de las divisas del país.
Además sugirió crear un fondo de útiles escolares de 250 millones de dólares, «y no en bolívares», para «no contribuir a aumentar el índice inflacionario» que, según dijo, fuentes extraoficiales cifran en un 74 % en los primeros seis meses del año.
«Algunos bancos internacionales están hablando del 172 % de inflación y de acuerdo a como va el primer semestre del año, la inflación en Venezuela puede cerrar en 200 % este año», añadió.
El Banco Central de Venezuela (BCV) no ha dado información sobre el índice de precios al consumo desde finales del año pasado, cuando cerró casi al 69 %.
También aconsejó al Ejecutivo «devolver todas las empresas que fueron paralizadas y expropiadas», además de «negociar el tema de la deuda externa» venezolana, que, según dijo, alcanza «casi los 30,000 millones de dólares».
«No hay ningún país hoy que tenga en términos de tasa de condiciones de pago una deuda externa contraída por este Gobierno en las peores condiciones (…) hay que buscar mejores condiciones para pagarla, incluso liberando recursos bajo negociación», señaló.
Se refirió también al tema de la escasez de productos de primera necesidad en el país y su redistribución por la vía del contrabando, una situación que afecta principalmente a la oferta de alimentos y de otros bienes que internamente se adquieren a precios subvencionados por el Gobierno, cuya venta ilícita deja un gran margen de ganancia a los contrabandistas.
«Nos llega información de que viene el control de la distribución de productos con un criterio político, es decir un contenedor no va a salir a su ruta de distribución sino va a cumplir la ruta que le establezca el gobierno de cara a las elecciones» parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre, dijo.
Según Capriles, «votar por el oficialismo en las elecciones legislativas es que en Venezuela campee la corrupción».
El gobernador de Miranda cuestionó el «estricto» control de cambio y lo definió como «el mayor antro de corrupción del país».
En Venezuela existe un control de cambio desde 2003 que deja en manos del Estado la compraventa exclusiva de los dólares, un mecanismo que a principios de febrero fue modificado permitiendo a los venezolanos por primera vez en más de una década acceder a la moneda estadounidense de forma libre, pero limitada.
La economía venezolana cerró el 2014 en recesión y con una inflación de casi un 70 %, una realidad a la que hay que sumar la caída de los precios del petróleo, que ha reducido en un 50 % los ingresos de un país altamente dependiente de la venta de crudo.
