El Consejo Supremo Electoral (CSE) y el partido de Gobierno ya no tienen la confianza del pueblo que se requiere para organizar, controlar y contar el volumen de votos en las elecciones de noviembre de 2016. Por ello, es urgente que antes que el CSE dirija en octubre a los partidos políticos la solicitud de intención de participar en esas elecciones, los partidos deben precisar las necesarias reformas a lo electoral.
Si el orteguismo no aceptara hacer estos cambios, por exigencia de una oposición coordinada, esta debe encontrar un mecanismo por medio del cual pueda asistir a las elecciones para no perder su personería jurídica. Una vez en la casilla de votación, el güegüense que llevamos dentro cumpliría con aquella sentencia del doctor Pedro Joaquín Chamorro, “No hay por quién votar”, y se añadiría también “No hay porqué votar”.
El orteguismo teme la experiencia de 1990, cuando —cumpliendo la Ley Electoral— el pueblo lo derrotó por un margen de doscientos mil votos. El CSE de entonces estaba presidido por una persona decente y la estructura del CSE era confiable, relativamente. Pero desde 2007, la dictadura ha propiciado fraudes consecutivos, públicamente denunciados, como el relato de “La Manuelita”, publicado en el diario LA PRENSA.
En otras elecciones recientes el CSE nunca informó de un restante ocho por ciento, procedentes de JRV norteñas, donde el liberalismo es y será siempre fuerte ni publicó los resúmenes de los resultados electorales posteriores, como lo hizo el CSE presidido por el doctor Fiallos en el documento “Elecciones 1990”, mayo de 1991.
La más clara experiencia de la efectividad de la supervisión, observación y control de las elecciones fue en 1928 cuando una misión militar estadounidense controló y protegió el resultado de aquellos comicios, en los que ganó la fórmula Moncada-Aguado. Bien lo explica Michael Gobbat, en su libro “Enfrentando el Sueño Americano”.
Gobbat narra, —por ejemplo—, que en Carazo un potentado conservador pretendía obligar a los trabajadores de sus haciendas votar por su candidato. La misión militar lo impidió, más la distribución de licor, dinero, comida y toda coacción conservadora. Esta práctica puede repetirse en 2016 con coacciones a empleados del Gobierno y en las billonarias empresas del sandinismo. En las elecciones de 1947 la Guardia reunió, controló, contó y cambió los resultados de los votos que en su mayoría eran para el doctor Enoc Aguado Farfán, repartió licor, nacatamales, corrompió las elecciones.
Recientemente la dictadura cambió la observación electoral por el “acompañamiento”, porque le teme a las denuncias, en la medida que los abusos son más notorios. Que las elecciones se hagan en colegios del Gobierno o que el Ejército participe en la logística, es parecido a lo de 1947. La iniciativa de que los maestros trabajaran en las mesas electorales, en nada quedó; la “media mañosa” debe ser reformada. El doctor Dionisio Palacios, exdirector de cedulación ha señalado públicamente lo que se debería cambiar.
Llegará un luminoso día en que Nicaragua tenga su Instituto Nacional de Cedulación; el proyecto duerme el sueño de los moribundos en la sometida Asamblea Nacional; que nadie del personal en sus siete Direcciones actuales permanezca en su estructura; que el pueblo nicaragüense en el exterior pueda votar; que exista en el seno del pueblo, confianza hacia un nuevo CSE.
Publicar cómo se urde desde ahora el fraude, el abuso. Y precisar lo que es imprescindible cambiar. Caso contrario seguiremos en lo mismo desde hace siglo y cuarto, y heredaremos, con vergüenza a nuestra descendencia, un país y un pueblo enfermo de soledad y vacío.
El autor es abogado.
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