La activista proinmigrante nicaragüense Bertha Sanles, junto a un grupo de mujeres sin estatus legal en Estados Unidos, recurrió ante la junta de comisionados del Condado Miami Dade para solicitar apoyo a los programas de acción diferida aprobados por el presidente Barack Obama, que permanecen estancados mientras una Corte Federal no se pronuncie sobre la legalidad de dos decretos que beneficiarían al menos a cinco millones de inmigrantes.
Sanles, activista de la organización United Families, es originaria de Bluefields y compartió su historia de inmigrante a las autoridades del Condado, las dificultades que tienen para manejar sin una licencia de conducir y sus deseos de tener un estatus legal en este país para seguir creciendo como familia. Ella emigró a Estados Unidos hace 14 años, junto a su hija mayor que hoy es beneficiara de la primera etapa del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), conocido como los “soñadores“. Su hija menor nació en Estados Unidos, eso le permitirá a Sanles y su esposo aplicar al programa Acción Diferida para la Responsabilidad Parental (DAPA).
La delegación de madres indocumentadas del Condado de Miami-Dade pidió a la junta apruebe una resolución en apoyo a los programas de acción diferida que podrían proteger a más de 50 mil inmigrantes indocumentados que residen en el Condado.
María Bilbao, también habló de su historia de inmigrante , ella y su esposo Mauro Kennedy, ambos de nacionalidad argentina requieren de urgencia la aprobación de DAPA. Mauro necesita de urgencia una cirugía de reemplazo de cadera para no perder la capacidad de caminar, hace un año fue diagnosticado con artritis degenerativa hipertrófica en ambas articulaciones de la cadera en su forma más agresiva, pero su condición de indocumentado no le permite tener un seguro médico, menos viajar a su país de origen donde podría conseguir servicios médicos a menor costo.
El 19 de mayo estaba previsto que entraría en vigencia DAPA, pero la demanda judicial interpuesta por 26 estados de la nación, que alegan que Obama se excedió en sus funciones mantiene estancado el proceso hasta que la Corte emita un fallo al respecto.
“Estamos muy tristes porque hoy debíamos estar haciendo fila para solicitar la acción diferida, y en lugar de eso tenemos que seguir luchando. Pero estoy positiva, porque sé que los miembros de la Comisión no van a darnos la espalda“, dijo Sanles.
El presidente de la Comisión, Jean Monestime, ordenó al fiscal del condado redactor una resolución teniendo en cuenta que más de 50 mil inmigrantes indocumentados que residen en el Condado Miami-Dade, serían beneficiados. Mientras que en el estado de la Florida, se estima serían más de un cuarto de millón los beneficiados.
Las ciudades de North Miami y Tampa emitieron una resolución en apoyo al alivio administrativo para millones de familias inmigrantes, la ciudad de Kissimmee aprobó recientemente una resolución, y se espera que Miami-Dade sea el próximo, de acuerdo a la promesa de las autoridades del Condado.
