Los nueve detenidos tras las protestas registradas en la mina de Bonanza siguen sin ser puestos a la orden de la autoridad competente, denunció el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas.
El defensor de Derechos Humanos criticó que el lunes pasado el subdirector de la Policía, comisionado Ramón Avellán, había prometido definir la situación de los detenidos; sin embargo, “ni han sido liberados ni acusados”, señaló Cuevas, quien recordó que la detención de los mineros artesanales es ilegal.
El lunes Brenda Molinares recurrió a la CPDH, luego de que de forma reiterada ninguna autoridad le informó con referencia a la detención de sus hermanos Geiner y Mateo Molinares, quienes fueron arrestados en Bonanza el jueves 7 de mayo, después de las protestas en ese sector en contra de la empresa Hemco, que dejó un muerto y varios detenidos.
Y fue en ese contexto que la CPDH recurrió a Avellán, quien le confirmó el arresto de estas personas y una decisión en las próximas horas.
Molinares y familiares del resto de los detenidos introdujeron en el Tribunal de Apelaciones un recurso de exhibición personal y solicitar que les sea nombrado un juez ejecutor para que intime al jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionado Juan Ramón Gámez, pero aún no ha sido nombrado.
Por su parte el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), José Alonso, confirmó que en el sector de la Mina El Limón, tras las protestas por los cortes de energía eléctrica, los sindicalistas César Pulido y Ramón Useda denunciaron que son víctimas de acoso policial. Los denunciantes aseguran que los policías les dan seguimiento cuando salen a las pulperías o a lugares públicos.
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