Información contradictoria vertida en documentos oficiales y declaraciones de funcionarios alrededor de la captura y muerte del reo Francisco Javier Ponce Sanarrusia, han dejado más dudas sobre la verdad de lo acaecido en las celdas de El Chipote, el pasado 3 de mayo.
Existe una constancia de defunción que indica que el reo Francisco Javier Ponce falleció el 3 de mayo a las 6:20 a.m. Pero la acusación de la Fiscalía presentada en los tribunales de Rivas establece que “se realiza acta de detención de Francisco Javier Ponce Sanarrusia en fecha 3 de mayo 2015 a las 10:00 p.m.”.
Mientras ayer el inspector general de la Policía, comisionado mayor Pablo Emilio Ávalos, confirmó a LA PRENSA que Ponce fue arrestado el 29 de abril, pero alega que fue una detención legal y no estaba desaparecido, pues sus familiares tenían conocimiento.
Sus familiares han sostenido que fue arrestado el 28 de abril.
“Se han enredado todo, porque no tenían pruebas en su contra, por eso lo mataron y no hallan qué inventar, primero dijeron que se había ahorcado en la madrugada del domingo (3 de mayo), en el acta de defunción que nos dieron dicen que murió a las 6:20 a.m. del domingo, y ahora dicen que en la acusación sale que lo detuvieron a las 10:00 de la noche del mismo domingo, y cuando en realidad se lo llevaron preso el martes 28 de abril, sin decir a dónde lo llevaban”, detalló un familiar de Ponce Sanarrusia, quien pidió omitiéramos su nombre porque aduce que están siendo asediados y amenazados.
FUE SUICIDIO DICEN ÁVALOS Y EL I.M.L.
El comisionado mayor Ávalos, inspector general de la Policía, junto con tres funcionarios del Instituto de Medicina Legal (IML), entre ellos el subdirector Julio Espinoza, dijeron que comparecían para evitar “especulaciones”, determinando que el reo se suicidó.
El médico forense Juan Carlos Medina explicó que “para consumar el hecho utilizó su camisa a cuadros, mangas largas y enrolló la camisa, hizo un nudo simple, se lo pasó por el cuello, ató la manga izquierda a la rejilla, y la manga derecha que ustedes podrán ver se la colocó entre los dientes, para evitar que el nudo simple se soltara”.
El funcionario policial confirmó que el cuerpo fue encontrado a eso de las 7:15 a.m. en la celda 23 de Auxilio Judicial, donde el cuerpo colgaba de una camisa atada a una rejilla para ventilación ubicada en el techo.
El inspector de la Policía indicó que el reo no debió haber ingresado con camisa mangas largas a la celda, pues dijo que la forma correcta es que deben vestir camiseta. Además negó que los detenidos permanezcan semidesnudos como se ha afirmado.
El comisionado Ávalos anunció que aplicará sanciones conforme a lo establecido en el reglamento disciplinario por la falta al haber permitido que el reo entrara con camisa mangas largas, sin embargo no dio detalles de las sanciones.
El subdirector del IML por su parte refirió que fueron avisados a las 8:22 a.m. de ese día y nueve minutos después estaban en el lugar.
Mientras el forense Medina alegó que los moretones que se le aprecian al cuerpo se dieron porque el suicida se golpeó con un camarote cercano. Asimismo expuso que una lesión que el fallecido presentaba en el costado obedece a que muchas veces en este tipo de casos el cuerpo tiende a convulsionar. Las escoriaciones en parte del brazo derecho y las muñecas fueron provocadas por las esposas y la equimosis en el abdomen “está explicado a la posición”. En cuanto a las demás heridas y hasta costillas quebradas aseguró que es parte del procedimiento del estudio interno que hicieron en la autopsia. Mientras en la boca no había ninguna lesión ni dientes desprendidos, esto en respuesta a los señalamientos de los familiares.
“En los privados de libertad o cualquier persona bajo custodia debemos realizar otras incisiones además de las convencionales, para buscar posibles lesiones internas”, explicó Medina.
“No encontré ninguna lesión que a mí me orienta que hubo lucha, que hubo defensa por parte del hoy occiso… tuvo una muerte médico legal suicida”, agregó el forense.
DÍAZ ESQUIVO
El subdirector de la Policía, comisionado general Francisco Díaz, esquivó responder cómo una persona en custodia policial pudo supuestamente suicidarse.
“Sobre ese tema ya salió un comunicado de la Policía y el dictamen del médico forense establece claramente las causas de la muerte”, fue lo único que Díaz dijo al salir ayer de la reunión que sostuvo con el Consejo Superior de la Empresa Privada.
De acuerdo con la acusación, Ponce Sanarrusia se habría reunido con los acusados Alberto José Granja Alguera (sin detener), Jean Carlos Jarquín Pérez (detenido) y el costarricense Ángel Sanarrusia, en casa de Margarita Santana Espinoza, con el fin de planificar el asesinato del militar Rafael Ángel Delgadillo Mora.
La acusación del Ministerio Público los señala de ser miembros de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas.
DIPUTADOS SANDINISTAS BLOQUEAN CONVOCATORIA DE GRANERA
Los diputados de la Alianza Partido Liberal Independiente (Alianza PLI), pidieron a la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos convocar a la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, para que ella misma explicara las condiciones en las que sucedió la muerte de Ponce en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
Sin embargo, los diputados del partido gobernante, con mayoría en esta comisión, votaron en contra de la convocatoria. La Comisión está compuesta por nueve diputados sandinistas y cinco del PLI.
El diputado de la Alianza PLI y presidente de la Comisión de Gobernación, Luis Callejas, afirma que se cometió un homicidio contra Ponce y va a mantener ese calificativo mientras la Policía no investigue para demostrar lo contrario.
El diputado de la Alianza PLI, Alberto Lacayo, manifestó que esta negativa de los sandinistas a demandar una investigación sobre la muerte de Ponce evidencia que a los diputados sandinistas no les interesa la seguridad ciudadana.
“Pudimos evidenciar una vez más que no les interesa la seguridad ciudadana, porque aquí hay el dolor enorme de esa familia que quiere que se aclare esa situación”, manifestó el diputado Lacayo quien también expresó las dudas sobre cómo se pudo suicidar Ponce, por lo cual insiste en que se debe realizar una investigación para aclarar esta muerte.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Gobernación y diputado sandinista, Filiberto Rodríguez, dijo que esa investigación le corresponde a la Policía y que él no iba a hablar sobre ese caso.
Mientras la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD) emitió un pronunciamiento a través del cual señala que la Policía no puede actuar como juez y parte y no puede evadir la grave responsabilidad que se deriva del hecho de que el fallecido se encontraba bajo su custodia.
“Los hechos descritos se suman a flagrantes atropellos a los derechos humanos, cometidos impunemente por la Policía Nacional; configuran un marco de indefensión ciudadana y en los hechos imponen un estado de suspensión de los derechos y garantías constitucionales”, dice el pronunciamiento de UCD.
MÁS CRÍTICAS
Guillermo Jarquín, padre de Jean Carlos Jarquín Pérez, criticó que a su hijo lo hayan involucrado en el caso y acusado después de haberle detenido durante ocho días de forma ilegal, pues lo detuvieron el 28 de abril. Sin embargo, en la acusación aparece que fue detenido el 3 de mayo a las 10:00 p.m. La Fiscalía lo señala de hacer las llamadas telefónicas a los que estaban en un auto celeste e indicar el momento en que el oficial Rafael Delgadillo se retiraba del bar. Pero Jarquín dice que su vástago es “chivo expiatorio”.
EFECTO PUBLICITARIO
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, criticó que el ahora fallecido Francisco Javier Ponce haya sido acusado. El artículo 72 del Código Procesal Penal (CPP) establece que la extinción penal pudo hacerla la Fiscalía, mientras estaba imputado. Sin esperar que lo hiciera el judicial.
Según Carrión, en esto hubo otro tipo de motivación pues aparece como jefe de la banda, que bien pudo haber sido, pero permite más especulación.
Esto lleva a preguntar a Carrión cómo fue que las autoridades obtuvieron la prueba para demostrar el delito de los detenidos incluido el fallecido. “Tiene un efecto publicitario, un efecto de imagen, para tratar de aminorar un poco el efecto negativo que tiene la muerte del primer acusado… en el imaginario colectivo social que es lo que dice la gente está bien muerto”, indicó Carrión.
Los secretarios ejecutivos de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, por su parte indicó que “se están utilizando muchas figuras antijurídicas en muchos procesos”.
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, indicó por su parte que hay muchas dudas razonables en todo esto y sobre todo una serie de situaciones irregulares. “Nos parece ilógico que hoy estén acusando a una persona. Si tenían todos los elementos necesarios y sabían que coordinaba una banda desde un primer momento hubieran presentado todas las pruebas y lo hubieran presentado en el término que establece la Ley”.
(Colaboración de Leonor Álvarez y Lucía Navas).
Ver en la versión impresa las páginas: 7 A ,1 A
