Posiblemente en alguna ocasión anterior mencioné el peligro implícito (en general) en la identificación estructural (ideológica y de intereses grupales) entre gobierno de turno y sistema estatal. Cuando existe esa identidad, un cambio de gobierno conlleva a un cambio de sistema, es decir, una revolución política o social, que raramente ocurre pacíficamente (y nunca sin grandes movilizaciones). El sistema obliga a jugar fuera de sus reglas. Por eso las revoluciones, muchas veces justas, son los fenómenos más anti-jurídicos. En contraste con esto, en las democracias, ningún gobierno específico se erige en base del sistema: la esencia de este es la estructura institucional, que garantiza la sucesión ordenada de diferentes partidos en el poder.
Por esta razón, en los países democráticos, la sucesión de gobiernos de distinto signo ideológico no altera la paz. Y al revés, gobiernos que se convirtieron en el sistema, como el comunista de Ceaucescu, gobiernos derechistas como el de Somoza, o leninistas como el sandinismo de los años ochenta, perdieron el poder únicamente tras sangrientas guerras civiles. En este último caso debe recordarse que sin la lucha de la Resistencia (mezquinamente ignorada) jamás hubiera habido una elección libre en Nicaragua. Triste, aunque evitable, realidad: la violencia recurrente.
Continuando con el tema general de la identificación gobierno-sistema, su paulatina consolidación (en cualquier Estado), nulifica progresivamente los mecanismos democráticos, elecciones, referendos revocatorios (si hubiesen), pues todos subsisten solo como herramientas de legitimación y movilización social del gobierno o (por el lado opuesto) como elementos movilizacionales, coadyuvantes en los procesos de cambio democrático. Estos, aún en caso de ser pacíficos (que es lo ideal) tienen que discurrir (como dijimos) fuera de los cauces y de los fines que el gobierno-sistema dicta para perpetuarse.
El socorrido axioma político “espacio que no se ocupa, otros lo toman” es válido en las contiendas por posiciones dentro de un mismo sistema, pero es usualmente inútil cuando se lucha para cambiarlo, en el caso de sistemas autoritarios y arbitrarios. De la práctica inescrupulosa del citado axioma, surgen los infaltables colaboradores y corresponsables mal-disfrazados, quienes inevitablemente quedan ligados al sistema y a su suerte futura.
En estas circunstancias, en cualquier país, los principales actores de los procesos políticos, particularmente en el caso de las elecciones (sean de circunscripción nacional, regional o local), tienen ante sí pocas y difíciles opciones, que deben escoger (fundamentalmente) las organizaciones políticas y la sociedad civil. Un tema adyacente es el papel del sector empresarial. Pero referirse a sus características generales, a la naturaleza de sus funciones, a la visión básica del mundo propia del empresario de cualquier país, y a las formas en que todo ello se ensambla en los quehaceres políticos, requeriría de otro espacio para al menos arañar la epidermis del tema.
En el caso nicaragüense, la progresiva identificación gobierno-sistema es una ostensible realidad, aún cuando las políticas económicas neoliberales continuadas a nivel macro por el Gobierno actual han evitado exitosamente la re-edición de los calamitosos años ochenta. La reflexión patriótica gubernamental podría evitar el ahondamiento y las consecuencias del proceso aquí señalado y ojalá así fuera, pero el cambio de rumbo se dificulta más con el paso del tiempo. Nicaragua enfrenta, por ello, opciones complicadas, y aunque el norte siempre debe ser la paz, sucede que salvo cambios profundos en diversas instituciones claves, sería fantasioso pensar que las elecciones podrían servir para disputar el poder y para efectuar un necesario cambio de sistema.
El autor es Doctor (Ph.D) en Estudios Internacionales.
