El domingo recién pasado se conoció por medio de una nota de prensa de la Policía, que el joven de 30 años de edad, Francisco Javier Ponce Sanarrusia, murió ahorcado en la celda de la cárcel de “El Chipote”, donde había sido recluido por la fuerza policial para ser investigado por el asesinato de un oficial del Ejército.
Ponce Sanarrusia fue detenido junto a cinco personas más, por individuos encapuchados y poderosamente armados, después del asesinato del oficial de inteligencia militar Rafael Delgadillo Mora que ocurrió hace un par de semanas en la ciudad de Rivas.
Según la nota de prensa de la Policía, el cadáver de Ponce Sanarrusia fue encontrado en la madrugada del domingo 3 de mayo colgado del techo de su celda, y se agregó que el Instituto de Medicina Legal confirmó su muerte por ahorcamiento. Sin embargo la muerte violenta de esta persona resulta al menos sospechosa, ya que reiteradamente se ha denunciado que en ese lugar se maltrata gravemente a los prisioneros investigados.
Precisamente por eso, los obispos de Nicaragua le han pedido a Daniel Ortega que esa cárcel sea clausurada. En la carta de la Conferencia Episcopal titulada “En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor”, la cual le fue entregada a Ortega el 21 de mayo del año pasado, los obispos católicos expresaron lo siguiente:
“En los últimos años han aumentado situaciones y condiciones en donde se practica un trato inhumano cruel y degradante a ciudadanos nacionales y extranjeros, sobre todo en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como ‘El Chipote’. Tenemos la suficiente documentación de las personas que han sufrido tales maltratos provenientes de distintas zonas del país”.
En consecuencia, los obispos exhortaron “a que se tome en consideración el Ante Proyecto de Ley, debidamente documentado y presentado en septiembre de 2013 por la Asociación Nicaragüense Pro- Derechos Humanos (ANPDH) ante la Asamblea Nacional, por el que se pide el cierre definitivo de las cárceles de “El Chipote” y declarar tal lugar museo nacional por las razones antes aducidas”.
Ha pasado un año desde que los obispos pidieron a Ortega que cerrara ese sórdido centro de investigación criminal que es “El Chipote”. Pero el dictador no respondió a esa ni a ninguna otra de las demandas y peticiones episcopales que son del máximo interés nacional.
Desde entonces se han acumulado más denuncias de torturas en “El Chipote”. Algunos casos se han podido conocer por su prominencia, como el de los presos del 24 de diciembre pasado en El Tule durante la represión de las protestas contra el Canal. Pero otros no han sido denunciados, por miedo de las víctimas o sus familiares.
Si la Policía no tiene ninguna responsabilidad en la muerte de Javier Ponce Sanarrusia, debería promover y permitir una investigación independiente, para deslindar las debidas responsabilidades. La muerte violenta de este joven ciudadano, en la cárcel especial donde era interrogado, no debe quedar registrada de manera tan simple como se ha dicho en la nota de prensa policial.
Además, este trágico suceso debe fortalecer la demanda de que la inicua cárcel de “El Chipote” sea clausurada, como justamente lo han demandado los obispos.
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