Cada vez que hay elecciones los dirigentes de los partidos políticos se emocionan porque en el Estado siempre hay buen negocio, porque una vez en el poder se pueden recetar megasalarios, dietas jugosas, vehículos nuevos, combustibles, viajes, mansiones de lujo, y pueden repartir también con la cuchara grande a sus familias, amigos y militantes del partido en el poder. Pero el pueblo que los eligió tiene que conformarse con las migajas.
Esta enorme injusticia el pueblo pobre la viene viviendo y sufriendo en cada período presidencial, desde que Fruto Chamorro fue electo como primer presidente de Nicaragua el 30 de abril de 1854. Estamos hablando de 161 años en los que este pobre pueblo, que come salteado en los cinturones de miseria que rodea la capital y otras ciudades de la República, y también los campesinos sin tierra y todos los que corren la misma suerte, el mismo destino.
Esta injusticia ocurre por la cultura de la corrupción desmedida de moros y cristianos en el Gobierno o sea, la repartición de los recursos del país entre el partido en el poder y los partidos que ocupan curules en la Asamblea, no importando el color de sus banderas partidarias y los eslóganes de campaña que utilizan, son una burla para los votantes; como el que usó Alemán de “Obras, no palabras” y cumplió fielmente para beneficio de su bolsillo. Y Ortega con su eslogan de un gobierno “Cristiano, Socialista y Solidario», que contrasta con la realidad, enviando a su policía y ejército pretoriano a vapulear al pueblo cuando protesta cívicamente contra las injusticias, y asesina a humildes campesinos acusados de ayudar a la guerrilla que opera en las montañas de Nicaragua, y lo que es peor, sin presentar ninguna prueba.
Esta terrible situación de más de siglo y medio de abandono a los más pobres no puede ni debe continuar. Se necesita hacer algo extraordinario para que se termine este calvario de nuestro pueblo y la clave está en no seguir sirviendo en bandeja de plata los recursos del Estado a los gobernantes y funcionarios de turno.
La forma de lograr esto sería establecer una política salarial muy modesta en el Estado, con miras a que la mayor parte del presupuesto sea destinado a la creación de programas de desarrollo económico y social, priorizando a los más pobres y fortaleciendo la educación, la salud y la producción; y dejar una pequeña parte destinada a salarios, algo así como una relación de 80:20. Pero además, contar con una nueva división o departamento de servicios voluntarios para el pueblo, con la contribución de todos los que deseen aportar parte de su tiempo, como profesionales y técnicos de la ingeniería, arquitectura, economía, agricultura, industrias, ecología, docentes, médicos, etc. De esa manera se fortalecerían los programas de Gobierno y se podría lograr el desarrollo económico y social que nuestro país necesita, sacando de la pobreza a miles de nicaragüenses, incorporándolos a las actividades económicas de la nación con justicia y dignidad.
En esta revolucionaria modalidad de gobierno justo, los funcionarios públicos devengarían salarios modestos y se destinaría la mayor parte de los recursos, vía presupuesto, para beneficio del pueblo que es al que se le debe servir con honestidad y verdadero amor a la patria.
Estas son pautas de lo que según mi opinión podría ser una modesta y justa tabla salarial a los servidores del pueblo, en un nuevo gobierno verdaderamente democrático, las que se deberían exigir para que el pueblo conozca cuáles son las verdaderas intenciones de los partidos que hacen proselitismo para lanzar sus candidaturas en las elecciones del 2016.
Si no están de acuerdo con esta modalidad de salarios modestos, ellos mismos estarían quitándose la careta de servidores del pueblo y demostrarían que la realidad es que van por el botín del Estado.
Como ha dicho el cardenal Leopoldo Brenes, los gobernantes de Nicaragua deberían ser personas modestas, o sea que estén dispuestas a ocupar los cargos públicos bajo una nueva modalidad salarial acorde a la realidad del país, que demuestren en la práctica que tienen una verdadera vocación de servicio al pueblo.
A mi juicio se podría partir de un salario máximo que oscile en 5 mil dólares para el presidente de la República, 4,500 para el vicepresidente (que no debe ser una figura decorativa, asignándole funciones); cuatro mil para el presidente del Banco Central; 3,500 a los magistrados; 3 mil a los diputados y ministros; 2,500 a los directores de programas y 2 mil dólares a los sub directores. El Canciller, 3,500 y 3 mil el vicecanciller; los embajadores 2,500 y los cónsules 2 mil dólares. Rectores de las universidades nacionales, 2,500 y vicerrectores 2 mil dólares.
1,500 dólares a jefes de departamentos, 1,000 dólares a responsables de proyectos específicos o jefes de sección y 500 dólares a asistentes calificados, para la posición de asistentes en cualquiera de las divisiones, departamentos y secciones.
Los alcaldes, vicealcaldes y concejales podrían acomodarse a los salarios equivalentes antes señalados.
En una Nicaragua con gobernantes y funcionarios devengando salarios modestos se podría acabar con la tentación de la corrupción en el Estado. Las personas que se consideran capacitadas para tener mejores sueldos, que se vayan a trabajar a la empresa privada.
Los funcionarios públicos, como sugiere el cardenal Brenes, deben velar por el beneficio de la población y no por el beneficio suyo.
El autor es ingeniero.
