Ningún beneficio directo sobre la economía nacional y el empleo tendría una zona financiera especial autónoma que planea abrir el Gobierno, sino más bien vendrá a crear “un enorme paraíso fiscal” que profundizaría las inequidad fiscal que actualmente impera en el sistema tributario del país, advirtieron ayer economistas.
El 20 de abril pasado, el presidente inconstitucional Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional la iniciativa de Ley de Reforma al Decreto No. 46-91 de Zonas Francas Industriales de Exportación, donde se contempla la creación de una zona financiera especial autónoma que operaría bajo este régimen.
El economista Adolfo Acevedo recuerda que esa plataforma financiera que ahora se pretende con la reforma antes mencionada, ya está contemplaba en la Ley del Gran Canal, donde se establece “una exención de impuestos por cien años para los diferentes subproyectos, que en su conjunto configuran una enorme plataforma internacional- logística, comercial, de servicios, turística y financiera”.
“Si existen dudas, o no existe certeza, sobre la viabilidad de la gran plataforma (el Gran Canal) para la cual el señor Wang Jing se comprometió a buscar el financiamiento, podría estar promoviéndose (con la Ley de Reforma al Decreto No. 46-91 de Zonas Francas Industriales de Exportación) la opción de crear los regímenes especiales “extraterritoriales” —zonas francas logísticas, de tercerización, de servicios, centro financiero internacional— que ofrecer a terceros inversionistas privados internacionales, distintos del promotor del Gran Canal, plantea.
“A mí la impresión que me da es que como no se ha logrado concretar los recursos financieros para el Canal por parte del que se llama promotor, de todas formas se están buscando mecanismos alternativos para atraer inversionistas privados grandes de todo el mundo”, afirma.
Pero, ¿qué gana Nicaragua con esa plataforma financiera? “El país lo que ganaría es que tendría instalado un gran paraíso fiscal. Normalmente se dice que hay empleos bien pagados, pero lo que pasa es que Panamá tiene unos niveles de escolaridad en los que viene invirtiendo desde hace mucho, además allí se habla el inglés. Esos empleos (de las zonas financieras especiales) tienen una exigencia muy alta”, recuerda Acevedo.
En Nicaragua, según datos de la Fundación Internacional para el Desafío Económico y Global (Fideg), en los últimos años el nivel de escolaridad promedio se ha deteriorado, y hoy por hoy la media nacional es de seis años de estudios, es decir primaria completa.
Inclusive, Acevedo indica que aunque esa plataforma financiera se creara en el marco del Gran Canal, la posibilidad de que se emplee a mano local es reducida por los niveles de exigencias.
Por tanto, indicó que este tipo de plataforma tendría nula incidencia en la economía, pero principalmente en la reducción de pobreza, porque su aporte, por ejemplo a los ingresos públicos es nulo. Acevedo recuerda que Panamá ya tiene una zona financiera especial, que en sus inicios no ayudó a reducir los altos niveles de pobreza sino hasta que el Canal ya pasó a formar parte de la administración local, tras casi cien años bajo el dominio de Estados Unidos.
Durante un foro-debate sobre el Balance de la Ley de Concertación Tributaria, el economista José Luis Medal dijo que con lo que se pretende con la reforma a las zonas francas “pareciera que nuestro Fisco es tan rico que está subsidiando al Fisco de los Estados Unidos y los países con renta mundial”.
En ese sentido, Medal recordó que cualquier impuesto que estas empresas en el régimen de zona franca no pagan en Nicaragua, lo hacen en sus países de origen.
Medal y Acevedo coinciden en que esta reforma a la legislación de las zonas francas profundizaría aún más la inequidad fiscal que golpea al país.
Hay que hacer estudios
El presidente del Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios, Julio Francisco Báez, calificó de “sorprendente que funcionarios de alto nivel en el sector público y privado (el superintendente de Bancos, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y el gerente de un banco nacional, emitan opiniones conclusivas aplaudiendo esta iniciativa de reforma” que busca crear una zona financiera especial autónoma.
“Mientras no esté respaldado dicho proyecto con los estudios esenciales para legislar sobre un tema trascendental que, incluso, compromete la soberanía nacional, es irresponsable y temerario irse de boca con criterios definitivos sobre un tema de esta naturaleza, luego de leer las 13 líneas que contiene lo esencial del asunto en dicho proyecto, es impropio de funcionarios que se precien de serios”, puntualiza.
“No le luce a un ejecutivo mínimamente responsable lanzarse al vacío sin el paracaídas de una ley integral que fundamente sus objetivos. Es preocupante que se limite a impulsar un parche reformatorio a una disposición que pronto cumplirá un cuarto de siglo de vida legal”, enfatiza.
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