Está en trámite en la Asamblea Nacional, una iniciativa del poder ejecutivo para reformar la ley que regula las Zonas Francas de Nicaragua.
Esta ley data de noviembre de 1991. Fue promulgada por la presidenta Violeta Barrios de Chamorro cuando apenas comenzaba la transición de la desastrosa economía estatizada que impuso la revolución sandinista de los años ochenta, hacia una renovada economía capitalista de libre mercado.
“Es del interés nacional la existencia en Nicaragua de un régimen actualizado de Zonas Francas de Exportación, con el objeto de promover la generación de empleo, la inversión extranjera, la exportación de productos no tradicionales, la adquisición de tecnología y la reactivación de nuestro comercio exterior”, se estableció en el primer considerando de la Ley de Zonas Francas de Exportación que entró en vigencia el 22 de noviembre de 1991.
La Zona Franca ya había sido establecida antes en Nicaragua, en 1976, bajo el gobierno de Anastasio Somoza Debayle. Ese año comenzaron a operar bajo el régimen de Zona Franca ocho empresas que dieron empleo a unos tres mil trabajadores. Sin embargo, la revolución sandinista convirtió las fábricas de la Zona Franca en cárceles y centros de maltrato de los presos políticos, muchos de ellos antiguos miembros y colaboradores de la Guardia Nacional, pero también personas inocentes que fueron víctimas del revanchismo indiscriminado que las revoluciones armadas triunfantes siempre traen consigo.
El gobierno sandinista de los años ochenta no suprimió formalmente la Zona Franca, pero la redujo al mínimo, dejó solo unas cuantas fábricas confiscadas o intervenidas que no funcionaban como verdaderas empresas de Zona Franca. De manera que Nicaragua quedó al margen de los cambios económicos que estaban ocurriendo en el mundo, incluso en Centroamérica, y excluida de los beneficios generados por la libertad de empresa, el libre comercio y el sistema de exoneraciones fiscales; hasta que con el gobierno de transición democrática de doña Violeta, el régimen de Zonas Francas fue restablecido y comenzó a desarrollarse.
El sistema de Zona Franca ha sido cuestionado por sindicalistas y sectores de izquierda, que lo acusan de imponer un modo de trabajo deshumanizado, favorecer al capital extranjero, encubrir el desempleo y exportar los beneficios. Pero la verdad es que, como lo previó doña Violeta al promulgar en 1991 la Ley de Zonas Francas, estas se han convertido en un motor de la economía nacional, generan bastante empleo formal, captan una cuantiosa inversión extranjera, impulsan el crecimiento de las exportaciones no tradicionales y atraen nuevas tecnologías que requiere el país para seguir desarrollándose.
Después de 24 años de estar en vigencia la Ley de Zonas Francas, es lógico que necesite ser reformada para mejorarla y adaptarla a los nuevos requerimientos económicos del país. Una reforma que se debe consensuar no solo con el sector empresarial y el sindical, sino también con la oposición parlamentaria, que tiene la responsabilidad de vigilar estrechamente a un gobierno tan poco transparente como es el de Daniel Ortega.
Hay que vigilar ante todo, que la propuesta de crear una Zona Franca financiera internacional no tenga el propósito oculto de crear un refugio de turbios negocios financieros y establecer un gran centro para el lavado de dinero.
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