El pasado miércoles 22 de abril, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró inaplicable el artículo de la Constitución de ese país, que prohibe —o más bien dicho, prohibía— la reelección presidencial.
La disposición de la Constitución Política de Honduras que ha sido declarada inaplicable, es un párrafo del Artículo 239 que estaba vigente desde 1982 y dice literalmente: “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del poder ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”.
Precisamente el intento de violación de esta norma constitucional, por parte del presidente liberal izquierdista de Honduras, Manuel Zelaya, fue la causa y justificación de su derrocamiento por medio de un golpe militar de Estado, el 28 de junio de 2009. Una drástica acción que, dicho sea de paso, fue respaldada por la misma Corte Suprema de Justicia y por quienes ahora han promovido que se anule la prohibición de la reelección presidencial.
El resbaladizo procedimiento que se ha utilizado en Honduras para restablecer la reelección presidencial (mediante la resolución de una sala de la Corte Suprema de Justicia y no por medio de una reforma constitucional, como sería lo correcto y transparente), es el mismo que usó Daniel Ortega en Nicaragua, en octubre de 2009, para eludir la disposición del artículo 147 de la Constitución que no le permitía postularse para la reelección en las elecciones de noviembre de 2011. Un camino sinuoso que en abril de 2003 abrió en Costa Rica el expresidente Oscar Arias, quien pudo ser presidente otra vez gracias a una resolución de la Sala IV (Sala Constitucional) de la Corte Suprema de Costa Rica, que declaró inaplicable el artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial.
En principio y por sí misma la reelección no es perniciosa. En Europa los jefes de gobierno se reeligen siempre y cuando sus partidos obtengan la mayoría de votos o formen alianzas que les permitan mantenerse en el poder; y no pasa nada malo. Incluso en América Latina, propiamente en Chile, la presidenta Bachelet se ha reelegido en períodos alternos, como lo permite la Constitución, y la democracia chilena no ha sufrido ninguna regresión. Pero en Chile y la Unión Europea las instituciones democráticas son sólidas y quienes gobiernan se someten incondicionalmente al Estado de Derecho. Lo cual no es el caso en general de los países latinoamericanos y menos de aquellos cuya institucionalidad es muy pobre, como Honduras y Nicaragua.
Está claro que en los países donde la institucionalidad no existe, o es muy débil, el gobierno se ejerce de manera caudillista y la reelección es un medio para perpetuar ese régimen perverso. Y donde la institucionalidad es fuerte, la alternabilidad en el poder siempre es preferible pero en todo caso la reelección no altera el sistema democrático.
La experiencia histórica de América Latina enseña que quienes se perpetúan en el poder gobiernan de manera absolutista, destruyen o desvirtúan las instituciones, se corrompen y pervierten con ellos a toda la sociedad.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
