El viernes de la semana pasada, en la conmemoración del 25 aniversario de la toma de posesión presidencial de doña Violeta Barrios de Chamorro, Hagamos Democracia anunció el comienzo de una campaña en demanda de elecciones justas y transparentes.
La ocasión era propicia para anunciar dicha campaña, porque si el 25 de abril de 1990 se pudo instalar en Nicaragua un gobierno como el de doña Violeta, fue porque el 25 de febrero de ese mismo año hubo elecciones libres y limpias y el Consejo Supremo Electoral reconoció sus resultados, a pesar de que fueron adversos al gobierno..
Las posteriores elecciones nacionales, en 1996, 2001 y 2006, también fueron libres y limpias. Solo después que Daniel Ortega recuperó el poder, en enero 2007, el sistema electoral del país comenzó a sufrir un penoso retroceso. A pesar de que Ortega regresó al poder gracias a las elecciones libres, apenas tomó el gobierno se adueñó del Consejo Supremo Electoral y lo convirtió en una máquina de hacer fraudes electorales. Esta no es una acusación antojadiza, es un hecho denunciado con pruebas por la oposición y verificado por los observadores electorales extranjeros, quienes han documentado lo que ellos, con su lenguaje diplomático, llaman “irregularidades”.
Pero Nicaragua necesita que las elecciones vuelvan a ser justas y transparentes. No solo para que la oposición democrática tenga la oportunidad de ganarlas y asumir el gobierno de la nación, como lo hizo en 1990, sino también y sobre todo porque las elecciones verdaderas, o sea justas y limpias, son un atributo esencial de la democracia.
Se sabe que la democracia se funda en el gobierno de la mayoría y el reconocimiento de los derechos de las minorías, en la igualdad ante la ley de todas las personas, en el Estado de derecho, en la separación y el control recíproco de los poderes, en la independencia de la justicia, en la vigencia de los derechos humanos y la transparencia de la gestión pública. Pero también y primero que todo, la democracia se funda en la regla de que quienes gobiernan deben ser elegidos por los ciudadanos de manera voluntaria, libre y transparente. No puede haber democracia sin elecciones frecuentes, libres, competitivas, limpias y justas, porque mediante el voto es que se ejerce la soberanía popular, la cual, a su vez, garantiza el funcionamiento de todos los demás componentes del sistema democrático.
Para la democracia, en sí misma, es irrelevante que la elección la gane la izquierda o la derecha, el partido de gobierno o alguno de la oposición. Lo esencial es que el partido, la alianza electoral y la persona que gane la elección, respete las reglas democráticas y gobierne en el marco constitucional y legal del Estado de derecho.
El gobierno de Nicaragua sostiene que este es un país democrático y hay muchos que se lo creen. Pero si realmente aquí funcionara la democracia como es debido, Daniel Ortega tendría que permitir elecciones justas, limpias y con observación electoral independiente, nacional y extranjera. Y por lo tanto, debería dialogar con la oposición, como se lo pidieron los obispos el 21 de mayo del año pasado, para acordar las condiciones y las reformas que son indispensables para que las elecciones del próximo año puedan ser verdaderas, no una farsa electoral.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
