No se puede negar que la administración de justicia tuvo en el pasado excelentes y brillantes gestores, quienes la hicieron respetable llegó a ser prenda de garantía para una sociedad que la supo valorar.
No quiero decir que la justicia no tenía fallas, puesto que la administraban personas humanas que no podían ser ajenas al error. Pero fuera de eso los magistrados y jueces trataba de dar a la función judicial una imagen relativamente atractiva, que no fuera del todo cuestionada o sometida a críticas fulminantes.
En aquellos memorables tiempos, la Corte Suprema de Justicia era un tribunal que hacía sentir el peso de su majestad por medio de verdaderos jurisconsultos, que con su talento jurídico y desde sus augustas salas sentaron en las sentencias cátedra de derecho. Eran magistrados que daban prestigio a uno de los principales poderes del Estado, sustentando la credibilidad de sus funciones.
Salvo situaciones excepcionales, el imperio de la ley estaba por encima de cualquier consideración que no fuese la jurídica. Los magistrados y jueces eran muy capaces y no comprometían la majestad de la ley, ni dejaban a un lado la enseñanza de los códigos por las conveniencias políticas temporales. Por eso el concepto de la justicia tenía apreciaciones que hoy en día se añoran.
La Corte Suprema estaba integrada por brillantes magistrados como los doctores Modesto Armijo Lozano, Juan Marcos López Miranda, Rafael Antonio Díaz, Augusto Cantarero, Antonio Barquero, Adolfo Argüello, José Ángel Romero Rojas, Adán Sequeira Arellano, Julio Linares, Octavio Salinas y Hernaldo Zúniga Padilla.
En Somoto, mi ciudad de origen y domicilio, cuna del poeta y pintor Agustín González y Moncada, la administración de justicia estaba a cargo de jueces capaces y dignos de citar, que merecen una honorífica mención en la historia local. Me refiero a jueces como los doctores en derecho Antonio Ramírez Berríos, Gerardo Gutiérrez Castillo, Luis Horacio García, Orlando Prado Bone, Gilberto Caldera Ráudez, Oscar Blanco Matus, Felipe Santiago Roque, Ramón Romero, Carlos Narváez, Rodolfo Oviedo Rojas, Eugenio Cuadra. Incluso en la difícil época de los años ochenta, la justicia en Somoto tuvo excelentes administradores en las personas de José Ignacio Buitrago y Rolando Bertrand Ríos.
En aquellos lejanos días, para ser juez o magistrado se requería de condiciones muy estrictas, partiendo de las calidades morales que debería reunir el funcionario judicial, además de la buena formación académica que era necesaria para el ejercicio de sus responsabilidades.
Si bien es cierto que el juez o magistrado tenía sus propias creencias políticas, como un derecho personal, no se volvían siervos de algún poderoso personaje que quisiera instrumentalizarlos, no se dejaban manejar por los caprichos de algún comandante de la Guardia Nacional cuando este con abuso de autoridad pretendía manosear la justicia. Aquellos funcionarios judiciales que en muchas ocasiones pusieron a prueba su probidad moral y profesional, merecen ser recordados con respeto. No se puede seguir creyendo que en el pasado todo fue malo. Apartando las excepciones se debe reconocer a los jueces y magistrados que velaron por el buen crédito de la justicia, porque las universidades de antaño sabían conservar y respetar su prestigio inculcando a los estudiantes de derecho buenos principios para el sano ejercicio de la profesión y de la función judicial. No como ahora, que la justicia en Nicaragua es presa fácil de aberraciones que ponen en entredicho su integridad, su dignidad y su credibilidad. El Autor es Periodista de Somoto.
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