El 22 de enero del presente año, varios exmilitares sandinistas iniciaron una huelga de hambre alternada, en los alrededores de la sede central de la Cruz Roja Nicaragüense, a fin de presionar al gobierno de Daniel Ortega para que reglamente la Ley 830, la cual les otorga beneficios de salud, pensión de retiro y acceso a tierras y crédito, pero sin reglamentación no tiene validez.
Han pasado tres meses y los militares sandinistas retirados todavía mantienen esa protesta, sin que ninguna autoridad responsable haya atendido su demanda. Según información del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que brinda acompañamiento solidario a los huelguistas de hambre, un representante de la oficialista Comisión de Reconciliación, que preside el cardenal Miguel Obando Bravo, se ha reunido con los huelguistas de hambre, pero como si nada, porque no les ha dado ninguna respuesta positiva.
Cabe mencionar que los militares sandinista retirados que protagonizan la huelga de hambre alternada pertenecen a una organización llamada Asociación Consejo de Defensores de la Patria Camilo Ortega Saavedra, ya que ellos consideran que su participación en la guerra revolucionaria de los años setenta y en la guerra civil de los ochenta fue un servicio que le prestaron a la nación, al pueblo de Nicaragua, a la patria.
En realidad, la guerra de los años setenta fue para derrocar a la dictadura somocista, pero también para que el Frente Sandinista tomara el poder e impusiera una nueva dictadura. Y la guerra de los años ochenta fue para defender el poder político sandinista desafiado por la guerra civil contrarrevolucionaria. Ninguna de esas dos contiendas armadas se libró para defender la patria de todos los nicaragüenses, como fue la Guerra Nacional de mediados del siglo XIX que se libró para expulsar del país a los filibusteros de William Walker. Y como fue también la Segunda Guerra Nacional, de 1927 a 1933, que organizó y encabezó el general Augusto C. Sandino contra la ocupación militar de la marinería estadounidense.
No obstante, cualquiera que haya sido el bando en el cual combatieron los veteranos de guerra: somocistas, sandinistas o contrarrevolucionarios, la sociedad y el Estado de Nicaragua tienen el deber de velar por ellos igual que por todos los nicaragüenses. Esto es primordial incluso para promover la reconciliación nacional, pero la verdadera, no la que predica pero no practica el Gobierno de Ortega que más bien promueve la discriminación por motivos ideológicos y político-partidistas.
Ahora bien, habiendo sido los exmilitares retirados que demandan reconocimiento de los beneficios establecidos en la Ley 830, combatientes sandinistas, le corresponde primordialmente al partido FSLN, que de nuevo está en el poder, responder a sus requerimientos.
El FSLN es un partido millonario. Cuando dejó el Gobierno, en 1990, se apropió de una enorme riqueza que ha multiplicado ahora que ha vuelto al poder. Una fortuna que está obligada a compartir con aquellos que le sirvieron en el pasado hasta con su sangre y ahora están en la desgracia. Eso es lo menos que puede y debe hacer ese partido que se dice solidario, socialista y cristiano.
