Entre los diversos comentarios que se han hecho a la expropiación arbitraria de su propiedad y la agresión policial que sufrió el empresario turístico y del transporte acuático, Milton Arcia, el pasado Viernes Santo, se ha escuchado el de que este caso debe ser considerado como una excepción y no como la expresión de una política general del Gobierno contra la propiedad privada y los derechos humanos.
Se dice que Daniel Ortega ha aprovechado la experiencia nefasta de los años ochenta, cuando en el marco de la revolución sandinista muchas propiedades privadas fueron confiscadas y como consecuencia causó una catástrofe económica en el país. Ortega, dicen, no está repitiendo los mismos errores, más bien está empeñado en aplicar una política de entendimiento e interacción con la empresa privada, la cual está produciendo magníficos resultados que se ven en el crecimiento económico, la estabilidad financiera y la paz social.
Pero no es cierto que la expropiación confiscatoria de Milton Arcia sea una excepción. En nuestro comentario editorial del pasado miércoles 15 abril, titulado La expropiación a Milton Arcia, recordamos que bajo el actual régimen de Daniel Ortega han ocurrido muchos otros abusos gubernamentales contra la propiedad privada. Señalamos al respecto los casos prominentes de “las empresas Glencore y Esso, el de Punta Teonoste en las playas del Pacífico Sur, el de Panica frente a Galerías de Santo Domingo en Managua, y muchos otros que han sido poco publicitados o que los perjudicados no los denuncian por miedo, o porque abrigan la esperanza de que guardando silencio podrían obtener la devolución de sus propiedades o alguna indemnización razonable”.
Es cierto que el régimen de Daniel Ortega respeta la propiedad y la empresa privada en general, y que practica la concertación con el empresariado, particularmente con el gran capital. Pero al mismo tiempo actúa en contra de la propiedad en aquellos sectores que le interesan particularmente por su valor estratégico y gran rentabilidad, como es por ejemplo el de la importación y distribución de los combustibles. Por lo cual el gobierno orteguista actuó de manera mafiosa contra las antes mencionadas empresas Glencore y Esso.
Además, aunque fuese cierto que el caso de Milton Arcia es una excepción y no la regla de la política del Gobierno en relación con la propiedad y la empresa privada, el abuso es absolutamente inaceptable y ninguna persona que valora la importancia de la libertad de empresa, de la seguridad jurídica y el Estado de derecho, debería justificarla de ninguna manera.
El derecho define la condición moral de la persona humana y quien no defiende su derecho no merece tenerlo, sentenció el doctrinario jurídico alemán del siglo 19, Rodolfo von Ihering. Este principio fundamental está consagrado en las convenciones internacionales de derechos humanos y ningún gobierno debe irrespetarlo, ni siquiera por excepción. Aunque solo un propietario sea el confiscado, la agresión es contra todo el sistema de la propiedad privada. Aunque sea una sola persona humana la agredida, el ultraje lo sufre toda la humanidad.
