Noventa y siete organismos de la sociedad civil de 15 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Nicaragua, más cinco organizaciones cívicas de proyección internacional —los cuales participaron en el Foro de la Sociedad Civil celebrado en Panamá en paralelo a la reciente VII Cumbre de las Américas—, propusieron la creación de una Relatoría para la Democracia en Latinoamérica y el Caribe. Esta Relatoría, según la propuesta de la sociedad civil latinoamericana y caribeña, tendría la función de fiscalizar, investigar, denunciar y promover acciones en defensa de los principios y obligaciones para los Estados consignados en la Carta Democrática Interamericana.
Se trata de una iniciativa magnífica y viable, si los gobernantes de las Américas, incluyendo al de Estados Unidos, tuviesen en realidad la voluntad y el interés de velar por la buena salud de la democracia, como suelen decirlo en sus discursos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es parte —pero autónoma— de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha venido implementando desde 1990 las llamadas Relatorías Temáticas, con el objetivo de brindar atención especializada a sectores y grupos sociales determinados. Actualmente funcionan las relatorías sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos de las Mujeres, Derechos de los Migrantes, Derechos de la Niñez, Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Derechos de las Personas Afrodescendientes, Relatoría para las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y una Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Es bueno recordar que en la II Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago, Chile, del 18 al 19 de abril de 1998, los jefes de Estado y de Gobierno “reconocieron el papel fundamental que tiene el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y manifestaron su satisfacción por la creación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”. Tres años después, en la III Cumbre de las Américas realizada en Quebec, Canadá, del 20 al 21 de abril de 2001, los jefes de Estado y Gobierno se comprometieron a apoyar a esta Relatoría Especial y asistirla en todo lo que fuese necesario, respetando su independencia y autonomía funcional.
Ahora, si la propuesta de la sociedad civil latinoamericana y caribeña fuese aceptada, la Relatoría para la Democracia tendría que actuar en el caso de Nicaragua, porque el régimen de Daniel Ortega ha socavado la institucionalidad democrática y ha construido un régimen autoritario, que cada vez se aleja más de los principios y valores de la Carta Democrática Interamericana que todos los gobiernos miembros de la OEA tienen la obligación de cumplir y respetar.
Pero tanto la Cumbre de las Américas como la OEA ya no promueven la democracia sino su maridaje con las dictaduras. Lo cual no quita importancia a la propuesta cívica de Panamá, y si los gobiernos no la aceptan, como es seguro que no la aceptarán, la misma sociedad civil debería constituirse como una relatoría de los pueblos en defensa de la libertad y promoción de la democracia.
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