El Ministerio Público apelará la decisión de un juez penal de San José de dejar en libertad a un joven nicaragüense de 22 años, sospechoso de provocar un accidente de tránsito en estado de ebriedad que dejó una menor fallecida y cuatro personas más heridas; un caso sonado porque una de las víctimas es Maricruz Leiva, reconocida presentadora de televisión y periodista de espectáculos en Costa Rica.
Según el Fiscal Adjunto, Celso Gamboa, el Ministerio Público apelará la resolución del juez que el fin de semana liberó a Julio Steven Castro Zambrana, quien ocasionó el accidente al invadir el carril contrario la tarde del viernes en la Ruta 27, carretera que conecta a San José, la capital, con puerto Caldera, pacífico costarricense.
“La resolución del juez la respetamos, pero evidentemente no la compartimos y estamos preparándonos para apelarla y argumentar lo suficiente para lograr que se dicte una medida preventiva, como en un inicio lo solicitó el Ministerio Público», indicó Gamboa.
La Fiscalía de San José había solicitado seis meses de prisión preventiva, tomando entre otros elementos que el sospechoso es extranjero, pero el juez penal decidió liberarlo sin condición porque halló arraigo familiar y laboral de Castro Zambrana en el país.
El joven nicaragüense viajaba con contenido de alcohol en la sangre junto a un acompañante de 21 años que también salió golpeado. En el vehículo contra el cual colisionaron, viajaban Leiva y dos menores más, quienes sufrieron lesiones y fueron hospitalizadas, así como una adolescente de 17 años que falleció.
Según el Código Procesal Penal de Costa Rica, la fiscalía tiene 24 horas después del hecho punible para solicitar medidas cautelares como prisión preventiva contra el sospechoso.
Los elementos principales para solicitar estas medidas son el peligro de fuga que corre el sospechoso, probabilidades de obstaculizar el proceso como amedrantar o hacer daños a testigos y víctimas; y seguir cometiendo la actividad delictiva.
El riesgo de fuga a su vez se mide por arraigo como el domiciliar, residencial, familiar, de negocios y de trabajo.
En este caso, según el Poder Judicial, Castro Zambrana a pesar de ser nicaragüense es residente legal, tiene 21 años de vivir en el país, con dos años de trabajar para una misma empresa y es el sustento económico de sus padres y dos hermanos.
La fiscalía solo pidió prisión preventiva y no otras medidas cautelares como no salir del país, firmar ante un juzgado cada quince días así como impedimento de acercarse a las víctimas y testigos; por lo cual fue dejado libre sin condición.
Los ticos han cuestionado en redes sociales esta liberación y el tema ha servido de debate nacional, tanto que el diputado cristiano Fabricio Alvarado, impulsará un proyecto para no permitir alcohol en la sangre para conducir.
