La alianza entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las principales centrales sindicales quedó enterrada ayer con la cuarta huelga general en este gobierno que paralizó gran parte del país, en la que se pedían menos retenciones fiscales para los trabajadores. El paro provocó pérdidas por unos 340 millones de dólares, según Analytica.
Los sindicatos opositores, en su mayoría peronistas, rechazan el impuesto a las ganancias que grava los salarios en escala progresiva hasta un 35 por ciento y que se aplica sobre los sueldos a partir de 15,000 pesos (unos 1,700 dólares). El Gobierno responde que solo unos 850,000 trabajadores pagan el impuesto sobre una masa de asalariados de 11 millones.
El impuesto alcanza un universo cada vez mayor de trabajadores debido a que desde agosto de 2013 permanece invariable el monto mínimo a partir del cual se aplica, pero los salarios aumentan por las negociaciones paritarias con las empresas, con una inflación anual de treinta por ciento, según mediciones privadas.
El Gobierno necesita esos ingresos fiscales para mantener numerosos programas de asistencia social para sectores menos favorecidos. El dato oficial no toma en cuenta la evasión fiscal, ya que a menudo parte de que los salarios más altos se abonan en negro (sin declarar) y además hay sectores que están exentos de pagarlo, como el Poder Judicial y la renta financiera.
CONTUNDENTE
“El paro fue contundente… Hemos interpretado la voluntad y la necesidad de la gente”, expresó en rueda de prensa Hugo Moyano, líder de una corriente disidente de la Confederación General del Trabajo. Esperamos con toda humildad, responsabilidad, que esta medida sea interpretada por quienes tienen que dar respuesta a estos reclamos legítimos.
Unas horas después, Fernández respondió en un mensaje a la población por radio y televisión que si no hubiera huelga de transporte, como lo que realmente fue, no hubiera habido paro general, lo saben todos. Hubieran ido todos a trabajar, inclusive los que integran el diez por ciento (de los que tributan ganancias) y aportan solidariamente al resto de los trabajadores.
AMENAZAN
Dentro de la corriente sindical afín al Gobierno, el sindicato de metalúrgicos declaró la libertad de acción a sus afiliados. Luis Barrionuevo, líder de la central obrera Celeste y Blanca, advirtió que vamos a proseguir el plan de lucha por los ocho millones de trabajadores en actividad y cuatro millones de jubilados que cobran un salario magro y que va a proponer al resto de las centrales gremiales un paro de 36 horas con movilización para que se entienda que hay que atender las necesidades.
Según Patricio Giusto, director del instituto de investigaciones Diagnóstico Político, más que una forma de presionar a un gobierno saliente la medida de fuerza es una señal para el que surja de las elecciones de octubre. Gane quien gane, el próximo presidente tendrá que ocuparse de esta situación. Es inevitable si no quiere tener conflictos con un gran sector de la población, expresó.
Los sindicatos no realizaron mitines ni marchas, pero agrupaciones de izquierda cortaron con piquetes los principales accesos a Buenos Aires. Lo mismo ocurrió en grandes ciudades del país, donde la actividad fue nula.
ADHERIDOS
La protesta fue liderada por la Unión Tranviarios Automotor que representa a los choferes de autobuses de corta y media distancia, junto a los gremios de camioneros, ferroviarios, aeronáuticos, el metro y portuarios.
También se adhirieron bancarios y trabajadores enrolados en el ala más crítica de la Confederación General del Trabajo como gastronómicos, judiciales, personal de estaciones de servicio y un sector de los empleados públicos. En los hospitales solo funcionaron las guardias y algunos gremios de maestros también se adhirieron a la huelga.
El aeropuerto metropolitano estuvo desierto debido a la cancelación de los vuelos de cabotaje. La medida de fuerza también afectó a muchos vuelos internacionales que fueron desviados a Montevideo, Uruguay.
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