Manifestantes muertos por disparos de policías o grupos progubernamentales, torturas con corriente eléctrica y vejaciones sexuales, detenciones arbitrarias, represalias por denunciar abusos: la ONG Amnistía Internacional denuncia «impunidad» en Venezuela un año después de las protestas en que murieron 43 personas.
«La inmensa mayoría de las violaciones de derechos humanos en Venezuela no son investigadas y sancionadas», afirma la ONG en un informe presentado este martes en Madrid: «Venezuela, los rostros de la impunidad».
«Lejos de mandar una señal clara de condena (…) las autoridades continúan justificando la actuación indebida de las fuerzas de seguridad en nombre del orden y la seguridad pública; y de la estabilidad política», subraya.
A lo largo de sus 48 páginas, el informe, encabezado por la lista de muertos en protestas entre febrero y julio de 2014, recoge sobrecogedores testimonios.
«Nos pusieron en posición fetal, arrodillados y nos golpearon, nos golpearon, nos golpearon. Salió un guardia y dijo que ni porque rezáramos al maldito Dios nos iba a salvar, que ese era nuestro último día. A mí me bajaron los boxers y me metieron algo por atrás», relata Juan Manuel Carrasco, de 21 años, detenido el 13 de febrero en Valencia, en el norte.
En algunos casos, «las fuerzas de seguridad torturaron a los detenidos con roce de corriente eléctrica en el cuerpo, asfixia con bolsa plástica en la cabeza y quemaduras con objetos punzantes», asegura el informe, realizado tras entrevistas con más de 100 víctimas, abogados, defensores de los derechos humanos y testigos.
Las protestas habían estallado el 4 de febrero de 2014 en San Cristóbal, en el oeste de Venezuela, por falta de seguridad entre estudiantes universitarios. Después derivaron en movilizaciones masivas en todo el país contra la situación económica y la escasez, a las que se opusieron contramanifestaciones a favor del gobierno de Nicolás Maduro.
Los enfrentamientos y la represión se saldaron con 43 muertos y 878 heridos, según cifras oficiales.
«Éste que está aquí sale a marchar mañana sin miedo», había escrito Bassil Alejandro Dacosta Frías, un carpintero de 23 años, el 11 de febrero. Un día después moría de un tiro en la cabeza, disparado al término de una manifestación en Caracas por agentes de la inteligencia nacional, según un testigo.
El informe denuncia asimismo «detenciones arbitrarias», como las de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, «en circunstancias que sugieren que (…) está políticamente motivada».
