Un conjunto de organizaciones políticas y de la sociedad civil, auspiciadas por Hagamos Democracia, presentaron un documento de propuesta sobre elecciones libres, justas, transparentes y competitivas en Nicaragua. Su contenido resume las principales recomendaciones hechas para comicios del pasado por agrupaciones de observación electoral nacionales e internacionales y su objetivo coincide con lo expresado por la Conferencia Episcopal y el Cosep.
Con ocasión del 25 aniversario de las elecciones democráticas del 25 de febrero de 1990, destacadas personalidades y representantes de partidos y agrupaciones políticas firmaron una proclama en la que reconocieron “la necesidad ineludible de tener una elección libre y justa con observación nacional e internacional, al igual que el 25 de febrero de 1990, para preservar la paz interna y alcanzar el crecimiento económico que Nicaragua requiere”.
El dilema de participar o no en los próximos comicios está planteado y la respuesta no la van a dar los partidos políticos con sus Directivas o Consejos Ejecutivos Nacionales, ni sus Asambleas o Grandes Convenciones. Mucho menos darán esa respuesta los caudillos y sus círculos cerrados de socios financieros y asesores. Esa respuesta la puede dar y dará únicamente el pueblo; pero esta realidad no exime a los ciudadanos y organizaciones democráticas del deber de orientar a la población acerca de lo más conveniente para el restablecimiento de la república.
El inicio de esta ineludible reflexión debe partir del reconocimiento de que la participación o no en las próximas elecciones no es un fin en sí mismo sino una decisión instrumental, en función de un objetivo político sustantivo, que es impedir la legitimación de la dictadura corrupta.
En el acto conmemorativo de las elecciones del 25 de febrero de 1990, Cristiana Chamorro con gran lucidez expresó: “La enseñanza de la historia es que ambos sistemas, (el somocista y el sandinista) cayeron en una crisis de legitimidad profunda y en cada caso esas ilegitimidades fueron contrarrestadas por una oposición que supo ganarse legitimidad nacional e internacional y así triunfar contra todo pronóstico. El desafío de hoy es el mismo que ayer: legitimidad de la oposición vs. la ilegitimidad del gobierno”.
No es la primera vez que vivimos situaciones semejantes en nuestra historia. Baste leer las discusiones que tuvieron lugar en el Partido Conservador de Nicaragua cuando decidió no participar en las elecciones de 1963, en las que el somocismo, obligado por los EE. UU., llevó como candidato a la Presidencia al doctor René Schick Gutiérrez.
Una abstención masiva de la población, por falta de credibilidad en el sistema electoral y por rechazo a unas elecciones “curuleras” o teñidas de zancudismo, sería aprovechada por Ortega para legitimarse con una cada vez más escasa base electoral. Por otra parte, participar en una farsa electoral podría conllevar al fin de la oposición política y el cierre de la vía cívica.
La profundización irreversible de la crisis venezolana; el fracaso de la gigantesca estafa del Canal; los arreglos entre Cuba y los EE. UU.; la alianza de Ortega con la Rusia de Putin, con el derivado armamentismo y la implicación de Nicaragua en conflictos geoestratégicos; el control republicano de ambas cámaras en los EE. UU.; son, entre otros, elementos que podrían conllevar una mayor presión para que Ortega garantice condiciones, bajo estándares internacionales, para unas elecciones que respeten la voluntad de los nicaragüenses.
Pero la principal responsabilidad recae en la oposición, que tiene que dar los primeros pasos, con el objetivo de recobrar la confianza del pueblo y la legitimidad perdida. El primero, iniciar la integración de una amplia coalición, con reglas democráticas tanto para la toma de sus decisiones estratégicas y tácticas como para la escogencia de sus candidatos. El segundo, diseñar y poner en práctica una amplia campaña nacional e internacional con el objetivo de lograr la celebración de elecciones limpias y libres en 2016.
El autor es jurista y catedrático universitario.
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