Pese a que la promesa era presentar avances de las obras del Gran Canal en la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), Telémaco Talavera, vocero del megaproyecto, no brindó los detalles de este.
Tampoco dejó claro el aspecto del pago de las propiedades afectadas, solo prometió pagar justamente.
Cuando LA PRENSA le preguntó la tarde de este jueves el porcentaje de avance en los primeros trabajos, que corresponden a las obras auxiliares, respondió que se darán más adelante, cuando se haga el corte (cuando el megaproyecto entre a otra fase).
Lo que sí explicó Talavera fue que se censaron a más de 28,000 personas por la ruta del Canal, lo que no quiere decir que ese número va a ser el afectado, sino menos. Además que se escogió la Ruta 4 porque era la que ocasionaría menos impacto ambiental y social.
NEGOCIAR CASO POR CASO
En el aspecto de las indemnizaciones por las tierras, al mencionarle que campesinos de las colonias de Nueva Guinea presentaron una hoja de matrícula del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), en la que se establece el valor catastral, el vocero alegó que no conocía el caso, que fue publicado en la edición de ayer en LA PRENSA.
“No puedo referirme a esa nota porque no la he visto, lo que puedo decir es que se va a trabajar con cada persona donde el valor catastral es solo una referencia, se va a trabajar para que tenga un precio justo, vamos a trabajar sobre la lógica sobre precio de mercado”, agregó.
La otra opción que tendrán las personas que perderán sus propiedades por estar en la ruta canalera es que podrán ser reubicadas. La negociación entre las familias será, según Talavera, entre abril y septiembre 2015.
PIDEN AUDIENCIA A COSEP Y AMCHAM
Por otra parte, el Consejo Nacional de Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía Nacional entregó al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y a la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), una carta en la que solicitan ser recibidos en audiencia por José Adán Aguerri, presidente del Cosep, y Roberto Sansón Caldera, presidente de AmCham.
La misiva expresa que el objetivo de la audiencia será exponer “los graves impactos en los derechos humanos de los nicaragüenses que ocasionaría la construcción del Canal y sus subproyectos, la agresión policial e intimidación militar sufridas por personas que se han manifestado en contra del proyecto, las irregularidades en el proceso de concesión de la megaobra y la falta de acceso a información pública concerniente al mismo”.
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