En febrero de 2013, en este mismo espacio de LA PRENSA, hice memoria de ese deseo de los Estados americanos, que desde el siglo XIX los ha empujado a establecer reglas e instituciones comunes a los intereses económicos, políticos y sociales panamericanos; intentando la unión supranacional para dar orden a las relaciones y a la cooperación entre los países de este continente.
Sin embargo, como lo dije entonces, el número exagerado de entidades y organismos creados bajo las intenciones de objetivos geográficos comunes, intereses culturales compartidos, desarrollo universal, diálogo multilateral e integración, ha disminuido la seriedad y la efectividad de tales planteamientos; obstaculizando la unificación real del mundo latinoamericano y panamericano.
Entre esa interminable lista aparecen: La Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Comité Jurídico Latinoamericano (CJI), el Tratado para Evitar o Prevenir Conflictos entre los Estados Americanos, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), la Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados, el Instituto Indigenista Interamericano (III), la Junta Interamericana de Defensa (JID), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), el Centro de Información sobre Migraciones en América Latina (Cimal), el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y otras varias docenas entre agencias, asociaciones, bancos, centros, comisiones, comunidades, consejos, convenios, corporaciones, cortes, institutos, parlamentos, programas, secretarías, sistemas y uniones de cooperación e integración.
Así, cada mal es tratado por múltiples, contradictorios y desordenados entes que, cuando no son ineficientes e ineficaces, llevan toda la mala intención. ¡Recurrentes casos donde el remedio es peor que la enfermedad!
Sin embargo, del mismo prolífico vientre político, más recientemente nacieron la Comunidad Andina (CAN), el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (Alba), la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), la Unión Latinoamericana y del Caribe (ULC), el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Esta última (la Celac) tiene como objetivo principal la exclusión de los Estados Unidos y Canadá, la obstrucción al sistema de libre comercio y a los conceptos de optimización de los procesos productivos y de competitividad panamericanos.
La verdad de la Celac es solo verdad inventada. Afirmando sus razones y al mismo tiempo negándolas. Esto es el imperio de “hombres fuertes” sobre instituciones débiles. Esto es concertación política escudando agresión presidencialista en América Latina.
En febrero 2013 concluí mi artículo con estas palabras: Mientras los pueblos aspiran, los líderes de la Celac agravian, y el producto de todo esto es una epidémica combinación anacrónica de ignorancia, indiferencia e impostura.
El comportamiento del presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega y su familia en la cumbre de la Celac, el pasado 28 de enero, reitera las palabras anteriores y da muestra de la irrelevancia de esa organización.
La familia Ortega-Murillo rompió protocolos, saboteó agendas, dio muestras de un actuar delincuencial, pero no engañó a nadie.
Al haber (la Celac) sido engendrada por una causa errónea (explotando el odio como agente unificador contra los Estados Unidos), no es extraño que todo lo que logra atraer es comportamiento odioso de parte de sus “hombres fuertes” quienes están obviamente unidos por débiles y esquinados lazos institucionales.
El autor es economista y escritor
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