El pasado 31 de enero se supo que tres de los ocho hijos del mandatario Daniel Ortega viajaron con él en calidad de asesores presidenciales y uno de ellos, incluso, con rango de ministro.
Tras su efímera participación en la cumbre de la Celac (Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe), en San José, Costa Rica, la Cancillería costarricense divulgó que en la delegación de Nicaragua, Luciana y Camila Ortega Murillo, hijas del mandatario, fueron acreditadas como “asesoras presidenciales”, mientras que Rafael Ortega Murillo apareció como asesor con rango de ministro.
La primera dama Rosario Murillo fue acreditada como “canciller en funciones” en sustitución del canciller Samuel Santos.
Hasta ahora ninguno de los tres hijos “asesores” han sido registrados en el Diario Oficial, La Gaceta, donde se oficializan los nombramientos de funcionarios públicos y asesores. Tampoco se lo permiten las leyes que rigen a este país.
“Estos cuatro asesores presidenciales, nombrados o no o que los vayan a nombrar posteriormente, sería un nombramiento ilegal porque la Constitución Política prohíbe hacer nombramientos a parientes”, dice tajante el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez.
El artículo 130 de la Constitución Política del país establece que “en todos los poderes del Estado y sus dependencias, así como en las instituciones creadas en esta Constitución, no se podrá hacer recaer nombramientos en personas que tengan parentesco cercano con la autoridad que hace el nombramiento y, en su caso, con la persona de donde hubiere emanado esta autoridad. Para los nombramientos de los funcionarios principales regirá la prohibición del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La ley regulará esta materia”.
“Si alguien funge como asesor, pero no tiene nombramiento de asesor, es una de las violaciones más flagrantes y elementales” a las normas jurídicas del país, agrega Álvarez.
OTRO “ASESOR DE FACTO”
No es la primera vez que un hijo del mandatario aparece como asesor presidencial. En el 2009 trascendió a la opinión pública que Laureano Ortega, quien también ha hecho pinitos como tenor, se estrenaba como asesor de la agencia Pro Nicaragua, según confirmó en su momento Javier Chamorro, director ejecutivo de la entidad.
En el caso de los otros tres hijos asesores: Luciana, Camila y Rafael, se desconoce la especialidad que tienen y en qué temas asesoran a su papá y gobernante, mientras que Laureano aparece como asesor en temas de inversión.
CONSOLACIÓN Y HUESERA
Desde que Ortega regresó al poder, en el 2007, en el Diario Oficial, La Gaceta, se han ido registrando los nombramientos de al menos 23 asesores presidenciales. Muchos de ellos son figuras reconocidas y eminentes en distintos ámbitos, como el científico y ecólogo, Jaime Incer Barquero.
Otros son exfuncionarios a los que el mandatario ha acomodado como asesores como “premios de consolación”, como Emilio Rappaccioli, hasta hace poco ministro de Energía y ahora asesor para asuntos de Energía y Fuentes Renovables o el exministro de Educación, Miguel De Castilla, destituido del cargo en el 2010 y nombrado como asesor en agosto del año pasado.
Entre los exfuncionarios que luego han aparecido como asesores están: Mario Salinas, extitular del Instituto de Turismo (Intur), y
Oscar Balladares, general en retiro del Ejército de Nicaragua. Balladares era el candidato principal para sustituir al actual jefe del Ejército el general Julio César Avilés.
En este grupo entra el excontralor José Pasos Marciaq, quien salió de la Contraloría General de la República el año pasado y al poco tiempo fue nombrado asesor para asuntos de Políticas Internacionales.
Álvarez cree que la lógica de acomodar a estos exfuncionarios es neutralizar la opinión de gente que maneja bien el funcionamiento del Gobierno.
LOS EXTRANJEROS
Entre los asesores también hay un grupo de extranjeros nacionalizados, como el estadounidense Paul Oquist.
Oquist fue el primer asesor que se le conoció al presidente Ortega cuando este llegó al poder en 2007. Es conocido por ser el gran vendedor de ilusiones del Gobierno, debido a sus intervenciones cargadas de optimismo. La más reciente fue cuando aseguró que en 2015 las obras del Canal generarían un millón de empleos y que el crecimiento económico durante este año alcanzaría el 15 por ciento.
Recientemente fue incorporado a la lista de asesores el líder independentista de Puerto Rico, Rubén Berríos, a quien Ortega dejó como representante de Nicaragua en la cumbre de la Celac, celebrada en Costa Rica.
Berríos fue nombrado como asesor para asuntos de Descolonización.
Ortega también ha nombrado asesores para asuntos de la Economía Europea a Marcos Marcucci (en marzo de 2014).
En el grupo de los extranjeros también aparecen personajes como el libio Mohamed Lashtar. Según los cables de WikiLeaks. Lashtar ejerce funciones de secretario privado del presidente Daniel Ortega. Su presencia en el círculo íntimo del mandatario inquietaba a Estados Unidos, principalmente por ser sobrino del fallecido dictador libio Muammar Gaddafi.
Ha estado vinculado en negocios directos de la familia presidencial, como la sociedad Celeste SA, propietaria del Canal 13 de Televisión. Él cuenta con una oficina en el edificio de la Cancillería de la República, confirmó el mismo canciller Samuel Santos.
En la Cancillería de Nicaragua no supieron darnos razón de él.
DESCONOCIDOS
Entre los asesores también hay figuras poco conocidas para la opinión pública, como Armando Agustín Serrano Rodríguez, asesor presidencial para asuntos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo. Según archivos periodísticos, Serrano Rodríguez fue director de Inide hasta 2010 y fue fundador del antiguo INEC (Instituto Nicaragüense de Estadística y Censo).
En ese grupo de los poco conocidos están los asesores Juan Rodolfo Delgado Romero y Luis Alberto Molina. El primero habría sido secretario de la Presidencia a comienzos del Gobierno, en el 2007, y luego fue nombrado asesor para asuntos de participación ciudadana. Molina, en cambio, ha hecho carrera como diplomático. Fue funcionario de la Cancillería durante el gobierno de Enrique Bolaños (2001-2006), luego pasó a ser embajador de Rusia y desde allí funge como asesor del presidente para asuntos de la Federación Rusa y Bielorrusia.
En ese grupo están Bernardo González Rodarte y José Amaru Barahona Portocarrero, nombrados asesores para asuntos Comerciales.
PUEDEN TOMARLOS EN CUENTA O NO
LA PRENSA intentó entrevistar a distintos asesores presidenciales, entre ellos a Bayardo Arce, Miguel De Castilla, Emilio Rappaccioli, Mario Salinas, Telémaco Talavera y Jaime Incer. Algunos contestaron que estaban en reunión y luego apagaron sus teléfonos.
Mario Salinas, extitular de Intur y asesor para asuntos de Turismo, comentó que el mandatario establece su relación con cada asesor y que ese era todo su comentario al respecto.
Antes de que fuera nombrado como “súper asesor” presidencial, Telémaco Talavera, había declarado —en entrevista concedida en diciembre pasado— que asesoraba al presidente en dos temas: agropecuarios y educativos.
El científico Jaime Incer Barquero dice que en su tarea como asesor él no espera que lo llamen. Él hace observaciones sobre problemas puntuales y envía correspondencia a la Secretaría de Comunicación.
Incer Barquero indica que el presidente puede tomar en cuenta o no sus observaciones, “él tiene sus prioridades”, señala el ecólogo, cuya posición sobre los riesgos y el impacto medioambiental del megaproyecto del Canal Interoceánico difiere de la concepción del Gobierno.
“Yo escribo mis observaciones, pero hay una discrecionalidad del presidente para tomar en cuenta mi punto de vista”, explica Incer Barquero.
El científico recuerda que en algunos temas medioambientales, como la Reserva de Bosawas y los pinares de Nueva Segovia, el mandatario prestó atención a sus observaciones.
Sobre el salario, en algunos casos los nombramientos establecen “sin goce de salario”, es el caso del asesor Mario Salinas, pero en la mayoría no se especifica. Incer Barquero dice que a él no le pagan sus gastos de movilización, ni oficina, ni salario. “Recibo una cuota modesta”, declara Incer Barquero, quien lo interpreta más como un reconocimiento a sus cuatro décadas de trabajo a favor de la ciencia y el medioambiente del país.
En cuanto a las funciones, el reglamento de la Ley 290 (Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo), en el título II establece que los asesores “pueden dar consejos sobre temas referidos por el presidente de la República”, también pueden dictaminar sobre asuntos que el mandatario les presente y apoyar solicitudes del gobernante.
Una solicitud del mandatario, que atendió Incer Barquero, fue cuando le pidieron que levantara un expediente sobre la carretera que construyó Costa Rica paralela al río San Juan. Incer Barquero cree que el Gobierno tiene prioridades, pero “estoy seguro que si hubiera una catástrofe ambiental, que ojalá no ocurra, me llamarían”.
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