Los casos judiciales donde una persona con discapacidad es parte del proceso, ya sea como víctima, agresor o testigo, son pocos, afirman jueces, fiscales y abogados defensores, pero tienen gran relevancia e impactan dentro de la sociedad por la forma en que se dan los hechos y por la vulnerabilidad de estas personas.
Desde entonces se ha venido incrementando el número de facilitadores judiciales, que antes estaban solo en las zonas rurales, ahora hay dos mil en zonas urbanas, como barrios capitalinos y mercados. Ahora son 4,000 facilitadores judiciales en el país.
Los facilitadores son líderes campesinos y comunales y son sus habitantes los que los eligen de forma democrática, refirió Aguilar, de esa misma forma las asociaciones de personas con discapacidad eligieron a los suyos. “Estas personas prestan su servicio de forma gratuita, para llevar una alternativa a la solución de conflictos en su sector y no lleguen a la vía institucional”, agregó el funcionario.[/doap_box]
Al año pueden llegar al menos veinte casos a los juzgados de Managua, calculan los operadores de justicia, porque no hay un registro donde se especifique si una de las partes tiene alguna discapacidad. Además advierten que en la mayoría de los casos la persona con discapacidad es víctima.
“No son muchos, pero cada uno se recuerda por su relevancia, por ejemplo yo recuerdo un caso donde una niña con discapacidad motora fue víctima de violación y quedó embarazada”, refirió la fiscal Eyra Jirón, especializada en violencia de género, del Ministerio Público.
Para Jirón la poca afluencia de casos en los juzgados se debe a que estas personas tienen dificultades para comunicarse, contar su situación y poner la denuncia. “Incluso creo que la Policía debería tener intérpretes para recibir la denuncia en el caso de los sordos”, explicó la fiscal.
FACILITADORES JUDICIALES
Ante esta situación, las diferentes asociaciones que integran la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feconori) sostuvieron reuniones el año pasado con el magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, y como resultado se nombró a 105 personas con discapacidad como facilitadores judiciales, quienes se dedicarán a prevenir y arreglar los conflictos entre sus iguales.
De los 105 facilitadores judiciales con discapacidad, 65 están distribuidos en todo el país y 40 en Masaya y Granada. Aunque la meta es nombrar a dos personas con discapacidad como facilitador judicial en cada municipio del país. “Buscamos que esas personas no gasten sus recursos en juicios”, expresó el magistrado.
Los facilitadores judiciales solo pueden mediar en faltas penales y delitos patrimoniales, en los que no medie la violencia ni la intimidación.
FALTAN INTÉRPRETES
Entre los casos que llegan a los juzgados, donde una de las partes tiene alguna discapacidad, están los casos de personas sordas que, aunque son menos frecuentes que los que tienen retardo mental (edad biológica no concuerda con edad mental) y síndrome de Down, necesitan de un intérprete para poder comunicarse y entender el juicio.
“Lo vemos como una necesidad de dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad y a la vez cumplir la Ley de los derechos de las personas con discapacidad, para que tengan un verdadero acceso a la justicia”. Magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.
“Los intérpretes de sordos están limitados, a veces se hace un binomio con un traductor casero y uno profesional, el problema es que el defensor no acepta a los caseros”, dijo la fiscal Jirón.
Sobeyda Manzanares, defensora privada, dijo que prefieren a los traductores profesionales por cuestiones de parcialidad.
Edén Aguilar, juez Tercero Distrito especializado en violencia de Managua, recordó que el derecho a un intérprete está contemplado en el artículo 95 del Código Procesal Penal en el numeral 11, que dice que el acusado tiene derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete cuando no comprenda o no hable el idioma empleado en el tribunal.
“En mi despacho hacemos todo lo posible por conseguir un intérprete para las partes que son sordas. Hago gestiones con la Asociación de Sordos, a veces presto mi vehículo para mandarlos a traer o dejar, si no hay vehículo de la administración y le garantizamos el almuerzo o refrigerio, ya que el servicio lo prestan de forma gratuita”, explicó el judicial.
Octavio Rothschuh, juez Séptimo Distrito Penal de Juicio, confirmó la dificultad que hay para conseguir los intérpretes para sordos, porque se carece de un cuerpo de intérpretes del poder judicial.
“La base jurídica está en el artículo 33 de la Ley de los derechos de las personas con discapacidad, manda a que el poder judicial tenga su propio banco de intérpretes para personas sordas. Lo bueno es que la Corte Suprema ya está trabajando en eso”. David Ordóñez, presidente nacional de Feconori.
David Ordóñez, presidente nacional de Feconori, dijo que muchos casos se caen porque no hay intérprete, sobre todo en los departamentos del interior del país o bien se caen por caducidad, de tantas reprogramaciones.
“En Nicaragua la existencia de intérpretes es reducida, lo ideal es que funcione la política de Estado y cada institución del Estado tenga su intérprete de lenguaje de señas”, comentó Ordóñez.
Esta situación fue planteada al magistrado Aguilar durante las reuniones del 2014 y para resolver la problemática se mandó a solicitar a todos los jueces del país los casos en que una de las partes sea una persona con discapacidad auditiva, la idea de esto, según Aguilar, es que de acuerdo con el número de casos, el poder judicial nombrará de planta a dos intérpretes que prestarán su servicio en todo el país. “Serán parte del poder judicial”, aclaró el funcionario.
Ordóñez recordó que la base jurídica para respetar los derechos de las personas con discapacidad existe el reto de aplicarla. “Lo bueno es que la CSJ ya hizo un acercamiento y vamos a seguir trabajando en ello”, dijo el presidente nacional de Feconori.
105
personas con discapacidad fueron juramentadas el año pasado por la Corte Suprema de Justicia, para ejercer la mediación como facilitadores judidiales en sus comunidades.
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