Un hueco humeante como de dos metros de ancho y pedazos de carne esparcidos y un hedor a quemado, fue lo que quedó el martes 20 de enero en el sitio donde un artefacto explotó en un cerro de la finca propiedad de Modesto Duarte, en El Portal, Santa María de Pantasma.
De acuerdo con el análisis de Orozco, en estos casos “son muertes selectivas y seleccionadas”.
En su informe 2014 , la ANPDH señala que a partir del 2010 esa organización ha tenido conocimiento del resurgimiento de los grupos rearmados por situaciones políticas.
“Y de la misma manera de los años noventa, con los recontras, las mismas acciones operativas empezaron a funcionar y empezaron a morir Yajob (José Gabriel Garmendia), Pablo Negro (Santos Guadalupe Joya Borge), Cascabel (Joaquín Torres Díaz)…, el Flaco Midence (Alberto Midence)”, dice ANPDH, que señala que el modo de operar del Ejército y Policía es el mismo, a través de la inteligencia: “Utilizar a los mismos contra ellos y hacer explotar bombas”.[/doap_box]
Uno de los testigos, que por temor omitió su identidad, ofreció algunos detalles de lo ocurrido ese martes, tras el estruendo por el que dice “retumbó la tierra”, cuando Duarte subió con un nieto y un hijo al cerro cerca de la casa. Momentos antes del fuerte estruendo, por el camino que conduce al cerro, habían visto pasar a dos desconocidos en una motocicleta cargando una mochila.
Al ver los cuerpos despedazados, Duarte solo se llevó las manos a la cabeza, dice el testigo. Lo que pasó por su mente ya no se sabrá. Allí habían muerto al menos dos personas, supuestos rearmados aún no identificados.
Minutos después Duarte y sus hijos fueron sorprendidos por un grupo de militares que vestían uniformes azul oscuro y otros de verde pinto, varios de ellos cubrían el rostro con pasamontañas. Al amanecer del miércoles Duarte fue encontrado muerto de un disparo.
El coordinador de la filial del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Juan Carlos Arce, quien investigó lo ocurrido en la comunidad de Pantasma, resume que estos hechos abren viejas heridas.
“Pensábamos que no iban a volver a ocurrir hechos así en Nicaragua”, reaccionó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, cuyo organismo al igual documentó casos ocurridos en los años noventa, para eliminar a cabecillas de grupos de rearmados surgidos después de la desmovilización de la Resistencia Nicaragüense, los llamados recompas y recontras.
“Vemos que están volviendo a Nicaragua los métodos de inteligencia militar que se usaron en otras épocas para buscar cómo eliminar a los rearmados de entonces”, indicó Núñez, quien menciona el caso del cabecilla recontra Ciriaco Palacios, “El Charro”, quien murió al explotar un radio de comunicación cargado con una bomba y que según los archivos periodísticos a través de colaboradores le hicieron creer que un supuesto enviado especial de la embajada americana buscaba contactarlos para darles apoyo logístico.
“Estamos frente a la misma modalidad” utilizada, confirma Roberto Orozco, especialista en investigación de temas de seguridad y quien en esa época siguió de cerca el caso como periodista de LA PRENSA. Orozco aclara que no se trata de un operativo tradicional con tropas terrestres, sino que son “de filigrana”, que les permitió penetrar al círculo más cercano de esta gente, por tanto necesariamente debió haber un colaborador de por medio, al igual que lo hubo en los casos pasados.
En ese tiempo, cuando fue aniquilado “El Charro”, Orozco recordó que “el Ejército anunció un golpe de mano en el caso de El Charro, pero la verdad es que no hubo golpe de mano, lo que hubo fue una operación con bomba y esa bomba operada a control remoto”.
Sobre este señalamiento de semejanzas con casos anteriores, donde se dijo hubo operaciones de inteligencia militar, la respuesta del vocero del Ejército de Nicaragua, coronel Manuel Guevara, fue evasiva.
“Usted me está haciendo la pregunta en relación al hecho (Pantasma), lo que le reafirmo, en principio conocimos que se dio un hecho en ese sector y que la Policía está realizando la investigación correspondiente y lo otro es que no hemos tenido presencia en ese lugar”, sostuvo Guevara.
ANPDH REMEMORA CASOS
Justamente el 15 de enero del presente año, cuando el director ejecutivo saliente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y ahora magistrado del Tribunal de Apelaciones de Estelí, Roberto Petray, brindó informe de su gestión en ese organismo, recordó las investigaciones alrededor del tema de los rearmados en el país.
Uno de ellos fue el caso de “El Charro”, al cual a través de un mensajero “le enviaron un radio de comunicación cargado de una bomba”.
La encomienda iba acompañada de una carta con membrete falso de la embajada americana, a través de la cual le orientaban al cabecilla armado la fecha y la hora que debía llamar al supuesto funcionario. La nota especificaba que debía hacer la llamada durante dos veces seguidas.
El 3 de junio de 1996 era la fecha establecida y con la explosión voló por los aires el cuerpo de quien había sido también uno de los fundadores de las Fuerzas Democráticas de Nicaragua (FDN), que en los ochenta combatió al primer gobierno de Daniel Ortega.
Ese día, dice el informe de la ANPDH, comandos de “El Charro” cargaron con el cuerpo “despedazado” hasta el río Dudú, de la comunidad de Zapote Dudú, Siuna, donde ocurrieron los incidentes.
Con ayuda de la técnica canina el Ejército halló el cuerpo, lo quemaron con combustible y lo enterraron. La ANPDH lo exhumó y luego junto con familiares lo sepultó en otro lugar.
Junto con “El Charro” murieron su asistente de seudónimo “Garza” y otros dos más. El informe señala que pedazos del radio y de la batería del mismo fueron entregados posteriormente a la ANPDH, que fue una de las pruebas presentadas en un informe entregado al Ejército y la Policía. En ese momento ese organismo pidió a las autoridades que se pronunciaran “y lo que se recibió en ese momentos fueron amenazas”, dice el informe.
El excontra Germán Zeledón recuerda que antes, en 1985, fue muerto de forma similar el contra conocido como “El Gringo”, a quien a través de “un supuesto correo” le enviaron una batería para el radio de comunicación y cuando colocó el dispositivo en el mismo, estalló el explosivo. “Ha sido un modus operandi del Ejército”, apuntó Zeledón.
TAMBIÉN LOS DEL FUAC
El 23 de agosto del 2000 Francisco Moncada Calderón, alias “Damián”, jefe del Estado Mayor del Frente Unido Andrés Castro (FUAC), integrado en su mayoría por desmovilizados del Ejército Popular Sandinista (EPS), corrió una suerte similar a la de “El Charro”, “cuando se dirigía a una reunión presuntamente con el jefe rearmado José Luis Marenco”.
El FUAC había surgido en 1995 y entre otras demandas que lideraba estaban la legalización de tierras, mejoramiento de la red vial, construcción de hospitales en el sector del Triángulo Minero.
“De acuerdo con el relato de los testigos, “Damián” llevaba instrucciones de encender el radio cuando estuviera reunido con el jefe rearmado José Luis Marenco”, revela el informe anual del 2000 del Cenidh.
La explosión ocurrió en la finca llamada Casas Viejas, en el municipio de Bonanza. Al momento de la muerte de “Damián” este iba acompañado de una persona conocida como “Juan Guaba”.
La presidenta del Cenidh recordó que ese organismo documentó las muertes de tres de los principales cabecillas del FUAC, quienes reiteraron en sus denuncias que advirtieron sobre su muerte.
El primero en ser asesinado fue Alejandro Navarro Guevara “Tito Fuentes”. El 2 de enero de ese año fue emboscado, en la entrada al cementerio de Siuna, por tres hombres armados que le dispararon.
El 15 de marzo le tocó el turno a Edmundo Olivas Córdoba, apodado “Camilo Turcios”, a 500 metros del empalme de Boaco, fue asesinado cuando en compañía de otras dos personas, entre ellas su esposa Doricel Cáceres, iba a encontrarse con Franklyn Teodoro Hernández Granados, alias “El Pufe”, uno de sus hombres de confianza, quien antes lo había llamado telefónicamente a su casa y el señuelo que utilizó fue que “Toñón”, otro integrante del FUAC, estaba herido.
“Los jefes del FUAC no murieron en combate, fueron ejecutados”, revela el informe del 2000 del Cenidh.
En LA PRENSA del 26 de agosto de 2001 aparecen declaraciones del exjefe del Ejército, general en retiro Joaquín Cuadra, en relación con las operaciones que utilizó el Ejército para matar a los cabecillas de los grupos armados. En esa ocasión dijo Cuadra que las llamadas “operaciones de inteligencia” han sido la principal arma para aniquilar las bandas armadas que azotan el país.
Esto lleva a Núñez a preguntar: “¿Cómo es que en este momento sigue afirmando el Gobierno que no se trata de grupos rearmados y están usando los métodos que utilizó en el pasado para combatir a los grupos rearmados?”.
Núñez califica estos crímenes como “ejecuciones sumarias”, y que insiste que como lo dijeron en su momento, “independientemente del delito que haya cometido una persona, no hay derecho a privarle de la vida (pues), en Nicaragua no hay pena de muerte”.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
