La presión empresarial sobre el Gobierno para que se reduzca el precio de la energía, que es factible ante la nueva realidad creada en el país por la mayor generación eléctrica de fuentes renovables y por la caída en los precios del petróleo, ha encontrado eco en otros sectores sociales y en el poder legislativo, en el cual la bancada del PLI ha presentado una iniciativa de ley sobre la materia.
Incluso los jefes parlamentarios del partido oficialista en la Asamblea Nacional, el FSLN, han dicho públicamente que se está examinando el asunto y que se le podría dar una respuesta positiva.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha sido claro, firme y reiterativo en el planteamiento de que es necesario revisar el pliego tarifario energético (o sea la tarifa del servicio eléctrico) en favor de los consumidores y ante todo de los sectores productivos. Su demanda se basa y justifica en que el alto precio de la energía es uno de los componentes que más encarecen los costos de producción y operación de las empresas, pero las nuevas circunstancias de la generación energética en el país —que ya casi no depende del petróleo— permiten que las tarifas eléctricas puedan ser reducidas.
“El sector empresarial en Nicaragua no se cansa de reiterar la necesidad de un ajuste a la baja en la tarifa de energía eléctrica a nivel nacional, tomando en cuenta el ahorro que se experimenta producto de seis meses de reducciones en el precio internacional del petróleo”, informó el Diario LA PRENSA el martes 13 de enero corriente. Por su parte la revista Confidencial reportó la declaración del presidente del Cosep, José Adán Aguerri, de que “este año tiene que cambiar el pliego tarifario, por uno que beneficie a las empresas que generan empleo, en vez de castigarlas”.
También el director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Nicaragua, Juan Carlos Amador, expresó a Confidencial que “al tener que trabajar con las tarifas (de energía eléctrica) más caras de Centroamérica, la industria nacional ve reducida su competitividad”, por lo cual la cámara de los industriales nicaragüenses llama al Gobierno a negociar con los empresarios “la instalación de una tarifa diferenciada para el sector, porque la pérdida de competitividad lleva a la pérdida de empleos”.
Pero la baja de tarifa de la energía eléctrica no debe ser solo resultado del entendimiento del Gobierno con los empresarios. Esto es algo que debe hacerse “en el marco de una política nacional porque allí hay varios actores y sectores que están involucrados, así que tiene que ser una estrategia nacional ”, dijo ayer por medio de LA PRENSA el economista y empresario energético Mario Arana, antiguo presidente del Banco Central de Nicaragua.
Este planteamiento es muy importante. La verdad es que no solo a los empresarios perjudica el precio oneroso de la energía eléctrica. Todos los usuarios del servicio de electricidad son víctimas de las desmedidas y agresivas tarifas eléctricas, entre ellos y sobre todo los del consumo doméstico que constituyen la inmensa mayoría.
Es urgente una reforma de las tarifas energéticas y establecer que el precio al consumidor de la electricidad debe corresponder a su costo real de producción, transmisión, distribución y administración. Pero no solo para las empresas, negocios o instituciones, sino también para los indefensos usuarios y consumidores domésticos.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
