Cinco organizaciones políticas y cuatro de la sociedad civil, dieron a conocer esta semana un documento en el cual demandan que el Consejo Supremo Electoral (CSE) sea integrado con nuevos magistrados, y que se promulguen otras reformas electorales para que las elecciones del próximo año puedan ser “libres, justas, transparentes y competitivas”.
Es oportuna esta demanda, en vista de que en noviembre del 2016 se van a realizar elecciones nacionales y hasta ahora no existe ninguna garantía de que esos comicios serán limpios y que el voto de los ciudadanos será respetado. Por el contrario, lo que hay es la certeza de que sin un cambio sustancial en el poder electoral y en la voluntad política de Daniel Ortega, lo que habrá el próximo año será otra farsa electoral.
También el movimiento liberal Unidad con Dignidad dio a conocer, la semana pasada, una declaración pública relacionada con la demanda de garantías para que haya elecciones libres y transparentes. Este movimiento anunció la recolección de cien mil firmas en respaldo de una denuncia internacional del irrespeto al derecho electoral en Nicaragua, y para demandar que los organismos internacionales y países que fueron garantes de los Acuerdos de Esquipulas II, de 1987, le exijan a Daniel Ortega que cumpla el compromiso de elecciones libres y limpias que son condición indispensable para la existencia de la democracia y el imperio de la paz en Centroamérica.
La verdad es que todos los partidos y movimientos políticos del país (salvo los aliados del FSLN), lo mismo que los organismos empresariales y los obispos católicos de Nicaragua (estos por medio del documento todavía sin respuesta que le presentaron a Daniel Ortega el 21 de mayo del año pasado), se han pronunciado igualmente en demanda de reformas electorales para que pueda haber elecciones justas y transparentes que garanticen la bienandanza nacional, política y social de Nicaragua.
Todos los partidos políticos —grandes, medianos o pequeños— tienen derecho de aspirar al poder o a participar en su ejercicio en los órganos representativos, de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos expresada mediante su voto en las urnas electorales. Ese derecho está garantizado por las declaraciones y convenciones universales de derechos humanos y por compromisos de los Estados mediante documentos jurídicos, como es el caso, en el hemisferio occidental, de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Es un derecho que incluso está en la Constitución Política de Nicaragua aun después de la contrarreforma constitucional impuesta el año pasado por Daniel Ortega y su aplanadora legislativa.
De manera que lo que demandan los partidos políticos democráticos, las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios privados y la Iglesia católica de Nicaragua, no es una dádiva del poder sino la devolución de un derecho fundamental de los ciudadanos que se les ha arrebatado; un derecho que es la piedra fundamental de la convivencia pacífica en una sociedad civilizada y democrática.
Daniel Ortega, que tanto habla de restitución de derechos de los nicaragüenses, debería restituirles el derecho a participar en elecciones libres y limpias, el derecho a que el voto sea para elegir y no para simular que se elige. Pero Ortega no devuelve nada por su propia voluntad. Hay que obligarlo a devolver lo que le ha arrebatado a los ciudadanos, en este caso el derecho a elegir.
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