Becker de Jesús Monzón Blandón, de 19 años, quedó abandonado en el Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo, en marzo del año pasado, después que su mamá falleciera, la única que llegaba a visitarlo. En diciembre del 2014 fue puesto en libertad por ser uno de los 950 beneficiados con el Plan Nacional para Descongestionar las Cárceles del país, que implementó la Comisión Nacional Interinstitucional de Justicia Penal de Nicaragua, el año pasado.
“Fue un trabajo muy delicado, porque se revisó detalle a detalle, hubo análisis policial para ver si habían antecedentes penales, si significaban un peligro para la sociedad. También la Fiscalía dio su punto de vista en cada caso”, dijo Aguilar.
La lista de beneficiados se le pasó a la Policía para que los vigile, con el policía comunitario, con el responsable del sector, para ver si no reinciden en delinquir. Además se les lleva el control en el juzgado, donde el incumplimiento se pena con cárcel nuevamente, agregó el funcionario. [/doap_box]
A abril del 2013, la población penal de Nicaragua era de aproximadamente 13 mil privados de libertad, entre ellos unas 300 mujeres, según datos del Sistema Penitenciario del país, dados a la Corte Suprema de Justicia.
Esta cantidad de presos ha rebasado la capacidad de los distintos sistemas penitenciarios del país y las cárceles preventivas de las estaciones de Policía. Las autoridades del sistema penal han confirmado la situación, por lo que el año pasado empezaron a tomar medidas, como la construcción de más galerías en las cárceles de mujeres y un pabellón más en el sistema nacional para varones.
La población penitenciaria en América Latina está saturada, y Nicaragua no es la excepción, ha colapsado porque hay más de su capacidad, dijo Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Comisión Nacional Interinstitucional de Justicia Penal de Nicaragua.
Mientras, entre las medidas inmediatas tomadas por la Comisión Nacional, para aliviar las cárceles del país, fue el plan para descongestionar. Este plan consistió en hacer un listado de los privados de libertad cuyas penas fueran menores a los cinco años de cárcel, los que están en abandono familiar o no tienen dinero para pagar un abogado que gestione su libertad, los que padecen de enfermedades crónicas y terminales , los condenados por faltas penales y los condenados por delitos graves, pero que hayan cumplido las dos terceras partes o las dos cuartas partes de su condena, explicó Aguilar.
A estos aspectos también se sumó que cumplieran los requisitos de ley, como buen comportamiento dentro del sistema, tiempo trabajado que abonen a su liquidación de pena y que su libertad no representara peligro para la sociedad.
Todos estos requisitos fueron cumplidos por Monzón Blandón, y cinco reos más que recuperaron su libertad en diciembre pasado en el Juzgado Cuarto de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria. El Sistema Penitenciario es el último eslabón donde llegan los procesados y es nuestro deber prestarle atención y mejorar la eficacia de las políticas penitenciarias, por eso decidimos hacer la gestión de oficio, recalcó el magistrado.
Otros beneficiados en diciembre pasado fueron Rudy René Cajina Salinas, Samuel Manuel Castillo Miranda, Manuel Meneses Benavides y Lesther Rodríguez Pomares. Todos tienen penas menores a los cinco años de cárcel. Además de buen comportamiento dentro del sistema penitenciario y cumplimiento de más del cincuenta por ciento de la pena impuesta.
TIEMPO DE PRUEBA
Cada beneficiado deberá cumplir un tiempo de prueba, este varía de un mes a un año, según la pena de cada uno y durante ese tiempo de prueba no pueden tomar licor y deben presentarse una vez al mes a la oficina de presentación de procesado en los juzgados.
También deben informar la dirección donde vivirán y si cambian de vivienda también. No deben delinquir, porque si los capturan cometiendo delito, de oficio se revoca la orden de libertad y terminarán de cumplir pena en cárcel más la nueva pena que le impongan por el nuevo delito que cometan.
En el mismo mes fueron beneficiados en el Juzgado Segundo de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria ocho reos más.
QUE CUMPLAN LA LEY
Para Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), lo que están haciendo las autoridades penales es por primera vez cumplir la Ley 473 o Ley de Régimen Penitenciario y la Ley 745 de Ejecución de la Pena y no hay nada que agradecerles, sino instarlos a que la sigan cumpliendo.
Nosotros durante años hemos venido diciendo que una de las formas de descongestionar las cárceles es aplicar la ley. La Ley de Régimen Penitenciario habla de respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos y de un método que persigue la inserción social de los privados de libertad, eso incluye adaptación, observación, trabajo, régimen semiabierto, de convivencia familiar, que si lo aplicaran habría un gran descongestionamiento, dijo Cuevas.
Para Cuevas, la oferta de trabajo debería de ampliarse dentro de los sistemas penitenciarios, para que muchos puedan optar a este derecho y abonar a su condena.
No hay suficiente oferta de trabajo, esto provoca mentes ociosas que produce acciones negativas y provoca que el interno esté más tiempo preso, dijo el defensor de derechos humanos.
El abogado de la CPDH agregó que una de las problemáticas para ser beneficiados, con suspensión de penas o libertad condicional de los reos, es que cumplan con una hoja evaluativa y el sistema tarda nueve meses en entregarla y otro requisito es el pronóstico individualizado y el sistema tarda entre uno y dos años para enviarlo al juez de ejecución.
«Los reos están privados de su libertad, pero no de sus demás derechos, por eso gestionamos la libertad a quienes estaban olvidados por sus familiares, a enfermos crónicos, que ya tenían derecho”. Magistrado Marvin Aguilar, presidente de la Comisión Nacional Interinstitucional de Justicia Penal de Nicaragua.
Hemos preguntado y nos han dicho que es por falta de personal. Además falta automatizar el trabajo dentro del sistema, porque todo es por tarjeta, eso dificulta la agilidad del trabajo, entonces creo que no hay voluntad real para solucionar los problemas de los sistemas y dejar de violar los derechos humanos a los privados de libertad, dijo Cuevas.
Este año la Comisión Nacional seguirá trabajando en este sentido, dijo el magistrado Marvin Aguilar, y pretenden dar más libertad a más mujeres que están presas, porque sus maridos las obligaron a llevarles drogas a las cárceles.
LA PRENSA / ARCHIVO
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