Hoy se cumplen 37 años del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Con motivo del vigésimo aniversario de esa efeméride, es decir en 1998, escribí una suerte de perfil biográfico de Pedro Joaquín, cuyas páginas de presentación su esposa Violeta, ya para entonces expresidenta de Nicaragua, las concluyó escribiendo: “ escribo estas palabras al comienzo de este libro, hoy cuando todos y yo, hemos cumplido los sueños de Pedro: Nicaragua ya es una República”.
Como Violeta, fuimos muchos los nicaragüenses que también nos equivocamos al asumir como definitivo el proceso de establecimiento de una República, es decir de una sociedad organizada y funcionando de conformidad con los parámetros de un Estado de Derecho Democrático. Para entonces, había concluido el primer año de gobierno de Alemán, y los nicaragüenses ignorábamos que en la cocina presidencial se estaba fraguando a fuego lento la reversión de todo lo que habíamos avanzado en términos de modernización política y convivencia civilizada.
En el rápido tránsito entre el asesinato de Pedro Joaquín en 1978, que desencadenó una gran furia política, atravesando por una revolución y una guerra civil, y el fin de la misma con las elecciones de 1990, se inició en nuestro país un triple proceso de construcción de una República: se “desprivatizó” el monopolio de la fuerza. Hasta entonces, casi siempre habíamos tenido fuerzas armadas y de policía partidarizadas o privatizadas por un caudillo: ejército sandinista, guardia somocista, ejército conservador, ejército liberal Era un monopolio privado o partidario de la fuerza. Ese rasgo esencial del Estado moderno, el monopolio estatal y legal de la fuerza, solamente se empezó a alcanzar a partir del proceso de institucionalización y profesionalización de las fuerzas armadas y de policía, que tuvo lugar en el gobierno de Violeta Chamorro.
Las elecciones de 1990, ampliamente supervisadas internacional y nacionalmente, fueron también el inicio de elecciones creíbles desde el punto de vista democrático, y por tanto elecciones en que los votos se contaban bien, y las autoridades electorales eran confiables.
Finalmente, a partir de 1990 se empezó a configurar y asentar el perfil de un Estado de Derecho. La Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados de diferentes procedencias ideológicas, de origen sandinista unos y antisandinistas otros, presidió un proceso de constitución de un poder judicial cada vez más independiente y apegado a las leyes.
A esos tres grandes procesos históricos ha puesto marcha atrás Ortega desde que regresó al gobierno en 2007.
Ortega ha reprivatizado el monopolio de la fuerza. Lo vimos recién el domingo pasado, cuando una protesta de motociclistas por lo que consideran excesos de la Policía de Tránsito, y por tanto una protesta sin connotación política, fue violentamente reprimida por las fuerzas de choque del orteguismo, al amparo de una Policía y de un Ejército cada vez más partidarizados.
Las sentencias del poder judicial, así sean en temas civiles, comerciales, administrativos y penales, si hay intereses del círculo gobernante de por medio, se dictan desde la Secretaría del Frente Sandinista, también privatizado por la familia en el gobierno. ¡Y ya no se diga en temas políticos!
Finalmente, el sistema electoral ha “colapsado”, como dijo un exmiembro de la ex Dirección Nacional, del expartido Frente Sandinista.
Cuando hace algunos pocos años el periodista Eduardo Enríquez publicó un libro titulado Muerte de una República , hubo quienes consideraron un poco exagerado ese título. Como todavía ahora hay quienes consideran exagerado cuando hablamos del gobierno de Ortega como una dictadura. Es, como el título de un libro del expresidente Osvaldo Hurtado, del Ecuador, una “dictadura del siglo XXI”: no se origina en un golpe de Estado militar, como las dictaduras castrenses del pasado, sino en sucesivos golpes de Estado institucionales como lo hemos descrito, y como toda dictadura, dispuesta a reprimir con la violencia en proporción a la oposición que encuentra. Y si no que lo digan los jóvenes de #OcupaINSS y los muertos de El Carrizo y Ciudad Darío, y los de las peyorativamente llamadas por el gobierno “bandas delincuenciales”.
En el aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro es común la pregunta sobre la vigencia de su pensamiento libertario y democrático. La respuesta es obvia: tan vigente como en la dictadura de los Somoza.
El autor es excandidato a la Vicepresidencia de Nicaragua.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
