Los medios de comunicación centroamericanos han divulgado recientemente dos importantes acontecimientos. Primero: Una subcomisión parlamentaria separó provisionalmente de su cargo a un magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, para investigarlo por enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y falsedad pública. Esa decisión “se justifica por la existencia de suficientes elementos de convicción… para creer que incurrió en corrupción”. Segundo: El presidente de la Comisión Hacendaria de la Asamblea Nacional y a la vez líder fundador del partido actualmente en el poder, promovió y logró consensuar en esa Comisión, un importante recorte al proyecto de presupuesto 2015, sometido por el poder ejecutivo. Al ser entrevistado sobre el particular, respondió: “…alguna gente… se opone a los recortes… porque quieren despilfarrar dinero en nombramientos corruptos… Para el despilfarro hay clientes; para la austeridad no”.
Es fácil imaginar que esas noticias no se refieren al contexto nicaragüense, a menos que se publicaran el día de los Santos Inocentes. No obstante, en otros países ocurren normalmente, como en Panamá, en el primer caso y en Costa Rica, en el segundo.
En nuestro país, lamentablemente el Gobierno reeligió contra viento y marea, a muchos funcionarios públicos que, por sus ejecutorias anteriores, no parecen reunir los requisitos idóneos para ejercer esas funciones. Ello a pesar del amplio repudio manifestado por la sociedad en general. Tal comportamiento indica que en esos nombramientos prevalece el criterio de lealtad con la voluntad suprema del poder ejecutivo, antes que la capacidad del funcionario para ejercer su cargo eficientemente y con estricto apego a sus deberes y responsabilidades.
Por otra parte, en Nicaragua resulta ocioso imaginar que cualquier diputado del partido en el poder, pueda expresar públicamente algún desacuerdo con las propuestas de ley del poder ejecutivo. Ante la amenaza de perder su cargo, porque este “pertenece al partido” y no a quienes han sido supuestamente elegidos por el voto popular y porque “la calle está dura”, han optado por la disciplina y obediencia ciega a los lineamientos partidarios, a costa de perder el derecho de pensar y expresar libremente sus opiniones.
Esta deplorable situación de autoritarismo y ejercicio del poder absoluto, de adulación y exaltación del culto a la personalidad, aunada a una débil oposición, perdida en las brumas de supuestos deseos de unión, que además se ven obstaculizados por mezquinos intereses personales, conlleva a fortalecer las condiciones para consolidar una nueva dictadura en nuestro desventurado país, con sus desastrosas consecuencias de sobra conocidas.
No obstante, la historia ha demostrado que toda tentativa de dictadura, irremediablemente llega a su fin. Pero más importante aún, es que a pesar de que esos regímenes en algunas fases de su desarrollo pueden generar aparentes resultados de crecimiento nacional, que suelen ser aprovechados por los dictadores y sus familias para acrecentar su patrimonio, en el balance general cuando sucumben, dejan un amplio legado de corrupción y de pérdidas materiales e inestabilidad social, que retrocede a los países a estadios de desarrollo alcanzados muchos años antes. Nicaragua, por ejemplo, pasó de tener el PIB per cápita más alto de Centroamérica en 1975, a ocupar el último lugar en toda América en 1991 y el penúltimo en 2013, según el Banco Mundial. Otros ejemplos recientes son Irak, Libia, Egipto y Siria.
Por tal motivo, todos los dictadores que han existido, junto con sus compinches, expían los agravios cometidos contra sus conciudadanos en el purgatorio de la memoria universal, que alberga personajes tristemente célebres como Somoza, Trujillo, Duvalier, Gaddafi y Hitler. Ahí también llegarán otros que, deslumbrados por las candilejas del poder, menosprecian tercamente las lecciones de la experiencia que les legaron sus antecesores.
El autor es Exfuncionario del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y exfuncionario del Instituto de Bienestar Campesino y del Banco Nacional de Nicaragua
