La foto
En estos días ha circulado en las redes sociales una fotografía en la que se ve a un sujeto en una supuesta estación de Policía, de civil, con una camiseta psicodélica de esas con que uniforma a sus adeptos el Gobierno y con un casco de moto en su brazo, mientras se coloca una capucha sobre el rostro. Se le ve saliendo desde adentro de la estación, mientras al fondo, dos hombres con uniformes de Policía, impasibles ante el hecho, parecen estar tomando una merienda sentados en su escritorio.
Selección múltiple
La fotografía podría ser un montaje, con actores y muy buena escenografía y disfraces. Podría ser también un policía de Inteligencia que se disfraza de delincuente para infiltrarse y combatir a las turbas criminales que, en moto, con cascos o capuchas cubriéndoles el rostro, y con ese tipo de camisetas, atacan, roban y agreden a los ciudadanos que por alguna razón protestan contra el Gobierno. O… podría ser, como se acusa en las redes sociales, un policía que desde su centro de trabajo, con la complicidad de la institución a la que pertenece, sale a integrar las turbas motorizadas que delinquen como fuerzas paramilitares al servicio de un partido político. Podría ser. ¿Cuál cree usted?
Dedo acusador
El asunto es que esta foto, sea lo que sea, se une a una gran cantidad de acusaciones nunca aclaradas contra la Policía. Como la más reciente, de que fue un policía, motorizado y vestido de civil, quien disparó contra otro motorizado que participaba en una protesta ciudadana. O las múltiples acusaciones en las que se mencionan a policías vestidos de civil participando en las golpizas a ciudadanos opositores. O aquella bochornosa complicidad con las turbas que atacaron a los jóvenes de #OcupaINSS la madrugada del 22 de junio de 2013. Cuando, según los testimonios de los agredidos, no solo fue que la Policía no los socorrió como le correspondía, sino que ayudó a que los delincuentes golpearan con mayor tranquilidad a los jóvenes y hasta ayudó a empujar los carros que se robaron. Hay más, mucho más, pero se necesitaría más que esta columna para enumerar todas esas acusaciones que nunca la Policía ha aclarado para deslindar responsabilidades ante ese dedo público que está señalándola.
Temas pendientes
En cierta ocasión, una amiga policía me preguntó: “¿Y de qué escribirás en tu columna ahora?”, para luego agregar con sarcasmo: “Ya sé, dejame adivinar, de #OcupaINSS, de Nueva Guinea…”. Y yo le respondí: esos temas están vivos porque ustedes nunca se han preocupado por aclararlos. Bastaría que la comisionada Granera hiciera una entrevista y veamos caso por caso o que presentara los resultados de las investigaciones y el informe de las sanciones a los culpables para que ya se les dejara de reclamar públicamente por esos hechos. Es sencillo.
Impunidad
Es comprensible que en una sociedad se cometan delitos. Incluso, uno tiene que aceptar que esos delitos pueden ser cometidos por policías, quienes en teoría son los que están obligados a evitarlos o castigarlos. Lo que nunca podemos aceptar como normal es la impunidad. La impunidad no solo libera del castigo al delincuente en ese delito en particular, sino que estimula la comisión de más delitos, los multiplica.
Vista gorda
Y, entonces, el problema con la Policía no es solamente que no se pronuncia sobre las graves acusaciones que pesan sobre ella, ya sea en conferencia de prensa o entrevista sobre estos temas, sino que incluso evade su propia obligación para no terminar, creemos, mordiéndose su propia cola. Así es que se han negado a mover un solo dedo para conocer qué pasó aquella madrugada en #OcupaINSS. Ni siquiera quisieron registrar como cierto el robo de los carros, como un trámite que las víctimas necesitaban para gestionar los seguros. Y, hace unos días, el colmo: una estación de Policía se negó a recibir la denuncia de un hombre que fue herido de bala, violando su propia naturaleza y un derecho ciudadano fundamental, algo que ni las Policías más corruptas del mundo hacen.
Sin ley
En el fondo lo que hay es una caída en un pantano donde la ley, las reglas, ya dejaron de valer lo que valían. La Policía no respeta las 48 horas de detención que la ley establece y mantiene reos durante varios días sin dar ninguna explicación. Decide si le recibe o no una denuncia a alguien. Decide qué delitos investiga y cuáles no. Decide, incluso, que “comportamientos delictivos” son ahora comportamientos ciudadanos y, a su vez, que “comportamientos ciudadanos” ahora son delitos. Es una Policía cuyo principal propósito es servir a la familia presidencial y decidirá, en consecuencia, lo que es correcto y lo que no, lo que debe hacer y lo que no debe hacer en función de ese gran propósito que ahora la determina y la anula.
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