Los nombres de Jorge Hurtado y Tanya Romero forman parte de un largo listado de nombres de personas que en el país aún esperan no solo por justicia, sino que el sistema que inicia el proceso con la Policía, determine una investigación de sus casos.
Hurtado integra el llamado grupo de OcupaINSS, en el que decenas de jóvenes fueron agredidos y robados el 22 de junio del 2013 frente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para apoyar una protesta de los adultos mayores.
[doap_box title=»Hay deterioro de la policía» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, ejemplifica el deterioro de la Policía con un muñeco de nieve que con el calor se derritió.
La cantidad de delitos que ocurren y lo que tardan en esclarecerlos o no lo hacen del todo contradice la propaganda sobre Nicaragua de que “somos el país más seguro” . A eso le suma la impunidad en que quedan los oficiales cuestionados por incurrir en anomalías.
“Creo que la destrucción de la Policía con repercusiones graves en materia de seguridad ciudadana es uno de los hechos más graves que hay en el país”, señala Núñez.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dice en cambio: “aquí lo que está premiando es la lealtad hacia un partido político, significa: si soy leal a un partido por muy corrupto que sea saben que al final van a obtener un premio”.[/doap_box]
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“Año y medio después seguimos pidiendo justicia. Tratando que nos resuelvan el caso”, dice Jorge Hurtado, quien es uno de los dueños de los siete carros robados y del cual no quedó ningún rastro.
Mientras que Romero fue agredida y despojada de una cámara de video en una protesta frente al Consejo Supremo Electoral, en Metrocentro, el 16 de julio de 2014. Aunque los hechos en que se vieron envueltos Hurtado y Romero acaecieron en fechas diferentes, el comportamiento en el procedimiento empleado ha sido similar: no ha habido investigación.
En ambos casos hubo presencia policial y coincidentemente a la cabeza de las fuerzas policiales estuvo el entonces comisionado mayor Pablo Emilio Ávalos, hace unos meses ascendido a cargo y a grado en la Policía Nacional.
Lo que más inquieta a Hurtado es que “nadie investigó” las pérdidas, ni las agresiones. Y en su caso, pese al tiempo transcurrido, no puede olvidar el robo, pues “todos los meses lo tengo que recordar cuando desembolso parte de mi salario, para pagar un carro que no tengo”.
Para los afectados como Hurtado y Romero la situación empeora cuando las autoridades que deben ordenar una investigación no lo hacen y más bien promueven a los jefes policiales que estuvieron a cargo, como sucedió con Ávalos, quien casualmente fue señalado de estar al frente de las fuerzas policiales en ambos momentos y no hizo nada por defender a los sectores en protesta agredidos por fuerzas de choque.
¿CUÁNTOS CASOS HAY?
Estos son tan solo dos ejemplos de los múltiples casos que en los últimos siete años sucedieron en el país y por los que las víctimas denuncian falta de justicia, como en el caso de las mujeres violentadas en Nueva Guinea, en 2012, y la masacre de Exalón Álvarez, de 53 años y sus cuatro hijos, en El Tortuguero, ejecutados el 1 de marzo del 2014.
Una familiar de las víctimas en El Tortuguero, quien prefirió reservar su identidad, confirmó a LA PRENSA que el caso quedó en la impunidad. El jefe policial local fue trasladado y la investigación no prosperó.
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LA PRENSA intentó conocer los datos oficiales basados en la Ley de Acceso a la Información Pública en relación con las denuncias por sospechas de delitos y en los casos en que ha habido actuación policial cuya investigación no prosperó entre 2007 y el 11 de noviembre del presente año, cuando se hizo la solicitud. También si los casos mencionados están entre esos hechos cuya investigación no fue ordenada.
Igualmente se incluyó una solicitud sobre los casos de agentes policiales que fueron investigados, entre ellos Ávalos, por sospechas de corrupción y violación a derechos humanos durante ese mismo período mencionado. A un mes y diez días hábiles de efectuada la solicitud, la Policía no respondió, en abierta violación a la Ley.
El libro Impunidades de las violaciones a los derechos civiles y políticos en Nicaragua 2007-2013 , publicado en julio del presente año por el Cenidh, establece que “la impunidad provoca en las víctimas y en la sociedad un sentimiento de doble agravio”.
La directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Elvira Cuadra, señala que en las pocas encuestas en las que han abordado el tema de la corrupción “precisamente la institución que más se señala por su visibilidad es la Policía”.
Aunque Cuadra dijo desconocer cifras reales sobre niveles de corrupción, considera que “hay una percepción bastante importante entre la gente en relación con este tema de la impunidad y la corrupción en las instituciones estatales”.
Para el experto en temas de seguridad ciudadana y crimen organizado, Roberto Orozco, “la cifra negra o delitos no denunciados en Nicaragua podría ser considerablemente alta”. Esto es porque parte de la población víctima no los denuncia muchas veces por desmotivación a causa de la poca atención y por “una constante deslegitimación social producto de la corrupción y la politización de la Policía Nacional”.
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“La politización de la institución policial es uno de los factores de riesgo que aumentan la inseguridad ciudadana en el país”, dice Orozco, quien apunta que además “los niveles de corrupción y la falta de atención (de las autoridades) hacen también que la población evite la denuncia”. Esto coloca a la población ante otro problema, como es la impunidad, refiere Orozco.
«La politización y el sesgo en la función policial genera la desconfianza de la población, que comienza a evitar denunciar los casos porque saben que no serán atendidos, ya sea porque el implicado es miembro del FSLN o porque la víctima es de la oposición». Roberto Orozco, experto en temas de seguridad.
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