A raíz de la concesión a Wang Jing, con base en la cual este pretende expropiar de sus tierras a los pobladores que se encuentren en zonas de interés para los proyectos y subproyectos especulativos, se ha generado una reacción nacionalista en contra del proceder del personal chino, que abusivamente pasa a medir, con uso de la fuerza y de la protección militar, las propiedades que han decidido solicitar que sean declaradas de utilidad pública, para usufructo especulativo, con base en los términos establecidos en la ley 840.
El artículo 12 de la mencionada ley establece con desparpajo la siguiente amenaza:
El concesionario tiene la entera discreción para decidir si solicita a la Comisión la expropiación de una propiedad requerida y en qué momento.
Se aplicará como valor de la indemnización por expropiación el valor justo de mercado de dicha propiedad requerida si este valor fuere inferior al valor catastral.
Los propietarios de la propiedad requerida no tendrán derecho a objetar la decisión, el tiempo, el alcance o cualquier otro aspecto de la expropiación que no sea el monto de indemnización por expropiación.
Dicha objeción deberá ser presentada a la Comisión con una propuesta alternativa al monto propuesto de indemnización por expropiación. Alternativa que debe ser igual al valor catastral o al valor justo de mercado de dicha propiedad requerida si fuere inferior.
En buen romance, queda establecido que el concesionario Wang Jing puede decidir a su entera discreción qué propiedad deba ser expropiada (así no guarde relación alguna, ni directa ni indirectamente, con la ruta del Canal). Es decir, sin razón o causa válida de interés nacional. Y que el monto de la indemnización que pudiesen reclamar los afectados, podrá ser inferior, incluso, al valor catastral, pero, nunca superior.
O sea, que el monto del reclamo ya está establecido en la ley y, valga por caso, debe coincidir con la compensación ridícula que la mafia ha decidido otorgar. Es obvio que la ironía y burla de la mafia, convertida en ley por el orteguismo, incita a la violencia.
No es de sorprender, entonces, que los pobladores de Rivas, Nueva Guinea, Ometepe, San Miguelito, se armen de valor para defender sus propiedades, y que prevalezca un sentimiento adverso a los nuevos invasores que intentan saquear legalmente, con ayuda del Gobierno (sumiso a sus intereses), nuestras tierras y recursos naturales.
En nuestra historia latinoamericana, la consigna permanente de ¡fuera yankees! no tenía una carga de repudio contra el pueblo norteamericano, sino, contra la política expoliadora del Gobierno estadounidense. Tampoco, ahora, la consigna en contra de la amenaza de nuestros tiempos tiene una carga xenófoba:
“¿Qué quieren los campesinos? ¡Que se vayan los chinos!”
Tanto es así, que cualquier ciudadano de ascendencia china, máxime si es nicaragüense, está obligado, como cualquier otro ciudadano honrado, a repudiar la invasión de la mafia china que, al amparo de la ley 840, pretende apoderarse de los recursos del país.
Quizás la virtud más importante del pueblo nicaragüense es que pese a los prejuicios estúpidos de la oligarquía, nunca ha sido racista. La oligarquía fracasó históricamente en el intento ideológico de justificar su poder en prejuicios raciales. Nunca hubo violencia interracial en nuestro territorio, en la época moderna. En la memoria colectiva del nicaragüense, gracias al mestizaje, no existe el mínimo atisbo de contradicción religiosa, cultural o racial. En tal sentido, más que tolerancia, hay en el nicaragüense una acogencia sincera a la multiculturalidad.
Ahora, el orteguismo, con un recurso demagógico cómplice, pretende degradar la conciencia política del nicaragüense contra la mafia, presentándola como si tuviese una connotación negativa, de carácter racial.
Simplemente, se trata de pronunciar ahora, en mandarín, el grito de guerra “go home”, dirigido a la mafia china, llamada por Ortega a invadir nuestra patria como nuevos filibusteros.
La contradicción democrática fundamental del momento histórico, en Nicaragua, es entre la nación y la mafia china. Ortega, con su régimen dictatorial, ha pasado a ser un peón al servicio de los invasores. Por su parte, la oligarquía, disfrazada de empresarios nacionales, cifra sus esperanzas de negocio fácil como rémoras del tiburón chino, como socio insignificante y desvergonzado del saqueo de nuestros recursos naturales.
El autor es ingeniero eléctrico
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