Los abogados y familiares de los condenados por la matanza del 19 de julio denunciaron en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que estos aún permanecen en celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
Sonia Quintana, esposa de Wilfredo Balmaceda, demandó de las autoridades que remitan a los presos a las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), pues la permanencia en celdas de la DAJ representa “un desgaste físico” y es causa de mayores gastos económicos.
También denunciaron que después de más de un mes de que estos fueron declarados culpables, el juez Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua, Edgard Altamirano, aún no les impone la pena.
Los abogados Paulino Salazar y Manuel Urbina Lara destacaron que el proceso desde que inició estuvo plagado de arbitrariedades. “Se les violaron todos sus derechos”, apuntó Urbina Lara.
El abogado Marlon Aburto anunció que preparan un foro para exponer ante la sociedad todas las irregularidades que se observaron en el juicio. Los familiares también documentan el caso para exponerlo ante el cardenal Leopoldo Brenes.
El asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, recordó que con el hecho de que los presos permanezcan en la DAJ es violatorio a sus derechos humanos, pues esas celdas no cuentan con las condiciones para que los reos permanezcan por mucho tiempo.
Ver en la versión impresa las páginas: 3 A
