“La democracia, dice José Luis Aranguren en su obra La ética entre la religión y la política , nunca puede dejar de ser lucha por la democracia antes y más profundamente que un sistema de gobierno es un sistema de valores que demanda una reeducación político-moral”.
Me parece muy precisa y justa la afirmación de Aranguren, pues en ella el filósofo español establece un concepto esencial que permite evidenciar de qué manera, en no pocos casos, en nombre de la democracia se produce su deformación, precisamente por no estar sustentada sobre una plataforma de valores que constituya al mismo tiempo su base y su finalidad. De la misma manera es muy oportuna su reflexión sobre el carácter dinámico de la democracia, pues más que una situación alcanzada es una acción constante. En este sentido podríamos decir que la democracia es una práctica permanente.
Estimo necesarias estas consideraciones sobre la democracia, sobre todo si tenemos en cuenta la situación de nuestro país en el que a lo largo de su historia hemos visto y seguimos viendo la repetición de situaciones muy semejantes, si acaso no iguales, que conducen a la búsqueda de la consolidación del poder total, y de su ejercicio a perpetuidad, a través de etapas que se repiten y que nos conducen del poder absoluto, al conflicto, al pacto de cúpulas, a la ruptura de este, a la confrontación, y de nuevo al inicio del mismo círculo vicioso en el que vuelven las mismas o parecidas situaciones con diferentes personas que repiten, una vez más, el mismo papel.
Actualmente estamos viendo y viviendo un proceso que tiende a la configuración de un poder excesivo, situación esta que ya hemos analizado en diferentes artículos y publicaciones, pero que adquiere de nuevo una mayor vigencia a partir de las protestas que se están realizando en varios puntos del país, y del proyecto de reforma de la Ley 840, Ley del Canal Interoceánico, que diferentes organizaciones de la sociedad civil, pusieron recientemente en manos de la bancada de oposición, para ser presentada a la Asamblea Nacional.
Pero independientemente del hecho puntual cuya importancia no desconocemos, me interesa en esta ocasión destacar, la forma como el poder se ha venido concentrando en una estrategia aplicada sistemáticamente.
Dos líneas principales ha tenido esta estrategia: la primera, programar o realizar actuaciones de facto que contrarían la Constitución y la Ley y, en todo caso, ante las reacciones producidas, recurrir a la Corte Suprema de Justicia para “legalizar” lo previsto o lo actuado. Ejemplo; la sentencia sobre el Artículo 147 de la Constitución que cuando estaba vigente prohibía la reelección en períodos sucesivos y la reelección por más de una vez. La segunda, reformar la Constitución para legalizar a rango constitucional toda actuación de facto, y dejar sin efecto cualquier ley o disposición constitucional que antes de la reforma estableciera alguna prohibición.
En el caso de la Ley 840, con la reforma constitucional se podría decir que, en la parte pertinente, se reformó la Constitución para adaptarla a la Ley 840 y al contenido del Tratado Marco sobre el Canal. Igual referencia podría hacerse a la violación, en su momento, a las leyes respectivas del Ejército y la Policía y, a la pretensión de legalizar por medio de la reforma constitucional, las violaciones al ordenamiento jurídico que en su momento se produjeron.
La consideración general que extraemos de esto y de muchos otros ejemplos que podrían presentarse es que se ha producido en un primer momento un proceso de violación de la Ley, y luego, con la reforma constitucional, un proceso de adaptación de la Ley al poder. Por ello, el principio de subordinación del poder a la Ley, queda desnaturalizado debido a la actuación en contra de la norma jurídica, o a la manipulación mediante la cual se ha producido la adaptación de la Ley al poder.
Una consideración semejante podríamos hacer en el caso de la voluntad popular, cuando esta es manipulada y adecuada a los intereses del poder, como un instrumento de apoyo al mismo y no como fuente de la soberanía.
Es ante situaciones semejantes donde es necesario considerar la democracia como un sistema de valores, tal como lo enunciaba Aranguren, y hacer que esos valores sean adoptados como partes de la identidad social.
La libertad es condición fundamental de la democracia, pues sin ella esta no es posible. La libertad, decía Hegel, es la conciencia de la necesidad. La ausencia de una cultura de valores ha impedido que realmente se pueda establecer la democracia y ha conducido a ese proceso de repetición de nuestra historia, que ha hecho que en política seamos un pasado que no ha tenido presente.
La autocracia en el ejercicio del poder está ligada a esa situación, pues no hay que olvidar que el caudillismo existe no solo porque hay caudillos, sino que hay caudillos porque hay quien los pide y los produce. Es imprescindible la existencia de una conciencia colectiva, de una ética de la responsabilidad social a la cual deben responder la ley y las instituciones, lo mismo que la voluntad general, la concertación y el contrato social.
Es fundamental también asumir la justicia junto con valores como la libertad, la ética y la responsabilidad, como algo esencial, no solo para construir la democracia como sistema político, sino para establecer las bases constitutivas de la sociedad.
La justicia como valor general y especialmente como el valor supremo del derecho debe tender, especialmente, a garantizar los derechos fundamentales de la persona, lo que incluye, no solo el respeto a los mismos, sino también el esfuerzo por anular o al menos reducir las desigualdades.
Para Cornelio Castoriadis, la idea fundamental de la política es la justicia. “Una sociedad justa, dice, es una sociedad donde el tema de la justicia permanece constantemente abierto, o sea, donde existe siempre la posibilidad socialmente efectiva de interrogación sobre la ley y sobre el fundamento de la ley”.
Es necesario, creemos, sin perjuicio de la lucha por los problemas inmediatos, procurar un cambio en la conciencia colectiva de la sociedad, un cambio en la percepción de la política, pues en el buen sentido, la política es un empeño de la razón, un ejercicio en beneficio de la comunidad y la justicia, un bien ciudadano y un compromiso de todos y cada uno.
Se trata de un sistema de valores que sirva de base a la regulación institucional y a la voluntad colectiva. Nadie puede afianzar la libertad pretendiendo imponer su opción como la única. La libertad, dice Ciorán, es el derecho a la diferencia. Nadie puede afianzar la democracia adueñándose del poder como exclusivo y permanente propietario, negando a los demás el ejercicio de una verdadera participación ciudadana. Se trata del establecimiento de mecanismos institucionales de limitación del poder, de una nueva conciencia colectiva, de un sistema de valores construido y adoptado por la sociedad sobre la base del respeto de los derechos fundamentales de la persona y el ciudadano.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.
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