Venezuela se está jugando, a mi manera de entender, la batalla más crucial de la democracia en América Latina. En el fondo lo que se disputa es la imposición de dos modelos totalmente contrapuestos. Por un lado: un modelo cesarista, arbitrario, irrespetuoso de los derechos humanos, que deliberadamente confunde el Estado con el partido, intereses personales de los políticos de turno y el patrimonio de la nación. Un modelo que no está dispuesto a ceder ni otorgar ninguna concesión, salvo el que la misma sociedad y la comunidad internacional le impongan. Un modelo dirigido desde La Habana por los hermanos Castro, que tienen secuestrado a ese desventurado país, siendo Cuba nueve veces más pequeño, con una población tres veces menor que la de Venezuela y con una economía cuatro veces más grande. Un país relativamente pequeño, controlando a un país que alberga las principales reservas de petróleo más grandes del mundo, pero que necesitan desesperadamente a Venezuela para poder subsistir.
El otro modelo es el que ahora está en la cárcel, el que ha sido ultrajado, perseguido, vapuleado, ha sido el objeto de los gases lacrimógenos y de las torturas. Un modelo que quiere una sociedad abierta, democrática, en donde el Estado de derecho sea la norma de oro, en donde cada poder del Estado sea independiente y la corrupción y el latrocinio a las arcas del Estado desaparezcan, para que la riqueza de la nación sirva a los verdaderos intereses de todos los venezolanos. Un modelo que quiere una Venezuela para los venezolanos.
La sociedad venezolana ha producido una serie de líderes jóvenes, altamente preparados, carismáticos y que han enfrentado cara a cara a la dictadura chavista de Maduro. El más destacado de todos ellos es sin lugar a dudas Leopoldo López, quien desde hace varios meses se pudre en las mazmorras chavistas por el único delito de querer una sociedad abierta para su patria.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) emanó el miércoles 8 de octubre corriente una resolución en la que decreta que el Estado venezolano debe liberar de inmediato a Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular, tras determinar luego de una exhaustiva investigación que al líder político se le detuvo arbitrariamente y se le violentaron varios de sus derechos civiles, políticos y constitucionales.
El dictamen fue emanado del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, luego de un proceso de investigación adelantado desde el mes de febrero, en el que participó activamente el Estado venezolano.
Quedarse callado ante tan respetado respaldo es hacerle el juego al chavismo, que como todos sabemos tiene sus tentáculos extendidos por toda América Latina. La causa de Leopoldo es la causa de todos los latinoamericanos demócratas, que quieren que la patria de Bolívar y Andrés Bello tenga un mejor destino.
La sociedad nicaragüense tiene una deuda histórica moral, con el pueblo de Venezuela, varios de sus presidentes democráticos acogieron a la oposición en los tiempos de los Somoza, y respaldaron en un ciento por ciento los deseos de este pueblo, de tener una patria sin tiranos. La intervención de Venezuela fue decisiva para el triunfo revolucionario del 19 de julio, como también fue decisiva en la búsqueda de la paz. Venezuela siempre ha sido generosa con Nicaragua, por eso el corresponder a esa generosidad de ese hermano pueblo es un deber que se nos impone a todos los nicaragüenses, no podemos quedarnos callados.
Defender la causa de Leopoldo López es defender la causa de la democracia en Venezuela y en toda América Latina, esa batalla es tan nuestra como toda batalla que se libre contra las tiranías, contra el abuso del poder, contra el quebrantamiento del Estado de derecho y contra el atropello a los derechos humanos.
El gobierno venezolano está en la obligación de respetar el mandato de Naciones Unidas, y poner en libertad de inmediato a Leopoldo López. El juicio a que ha sido sometido es espurio, contrario a todo principio de legalidad, al principio de proporcionalidad y de oportunidad reglada. En pocas palabras, es irrespetuoso. Lo mínimo que se puede hacer es ponerlo en libertad y lo menos que nosotros podemos hacer es respaldar ese pedido. El autor es abogado
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