El gobierno de Guatemala ha capturado a cinco supuestos implicados en la masacre. LA PRENSA/EFE/SAÚL MARTÍNEZ

Vuelve el terror en Guatemala

El asesinato de 11 personas en un confuso enfrentamiento, en el que otras 11 quedaron heridas y que provocó que 85 huyeran de sus casas, ha avivado la tensión en la aldea Los Pajoques, en el municipio San Juan Sacatépez (Ciudad de Guatemala), que vive en conflicto desde 2006 por el funcionamiento de una cementera.

El asesinato de 11 personas en un confuso enfrentamiento, en el que otras 11 quedaron heridas y que provocó que 85 huyeran de sus casas, ha avivado la tensión en la aldea Los Pajoques, en el municipio San Juan Sacatépez (Ciudad de Guatemala), que vive en conflicto desde 2006 por el funcionamiento de una cementera.

Casi todas las versiones, de lo que sucedió entre el 19 y 20 de septiembre, concuerdan en que personas con escopetas, pistolas, fusiles y machetes entraron en una vivienda y durante un enfrentamiento murieron 11 personas.

El dirigente del Comité de Unidad Campesina, Daniel Pascual, aseguró que el estado de prevención ordenado por el gobierno de Guatemala es un error y será utilizado por las autoridades para imponer sus condiciones en contra de quien pueda oponerse a la empresa cementera. La organización “Doce comunidades organizadas y en resistencia” denuncia a “grupos paralelos de la cementera” como los “asesinos perpetradores” de la masacre.

El ministro de Gobernación, Mauricio López, indicó que “grupos armados y encapuchados han venido actuando en contra de las personas que han identificado que vendieron sus propiedades para la construcción de la carretera”.

El gerente general de la cementera, José González Merlo, argumentó que el enfrentamiento fue iniciado por “terroristas” que están en contra de sus trabajadores y de todos quienes vendieron sus terrenos para la construcción del Anillo Regional, una carretera de 402 kilómetros que unirá 58 municipios.

El grupo armado supuestamente defiende los intereses de la comunidad en contra de la cementera por temas ambientales, “pero en realidad son ladrones y violadores de mujeres”, afirmó Daniel, uno de los afectados.

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