Telémaco Talavera, vocero de la Comisión del Gran Canal, manifestó que hasta el 15 de octubre se informará sobre la nueva ubicación donde se construirá el complejo turístico San Lorenzo, tras ser descartada la posibilidad de que se construya en las playas de Majagual y Maderas, en Rivas. Estamos pensando en lugares alternativos que no afecten el entorno ambiental. La construcción va, pero la decisión de ubicación se determinará por los estudios ambientales, expresó Talavera.
Mientras, el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, declaró que aún no han determinado cómo manejarán la presión inflacionaria que causará la inyección de grandes capitales a la economía, como la construcción del Canal.
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El Gran Canal Interoceánico encuentra más resistencia entre los pobladores de los municipios ubicados en la ruta establecida para su construcción. En El Tule, en San Miguelito, Río San Juan, El Coyol y San Antonio de Tola, en Rivas, anuncian marchas los próximos días para dejar clara la defensa de sus propiedades.
Serán expresiones de rechazo iguales a las que ya se dieron por cientos de pobladores de las comunidades de Santo Domingo Piche, de Potosí, y de Tolesmayda, de Buenos Aires, Rivas, quienes marcharon esta semana.
Juan Carlos Bravo, ganadero y agricultor de El Tule, anunció que marcharán el próximo 2 de octubre a las 10:00 de la mañana.
No tenemos en venta nuestras propiedades, bajo ningún precio. Son nuestro patrimonio y queremos que se nos escuche: no las tenemos en venta y rechazamos que se haga un Canal, expresó el productor.
Bravo denunció que una comitiva de ciudadanos chinos de la empresa HKND Group realizan en El Tule un censo acompañados por efectivos del Ejército y miembros de la Policía Nacional. Y nos comunicaron que fuéramos preparando nuestros documentos porque el Canal ya se va iniciar a construir y hasta nos dijeron que ya no siguiéramos trabajando nuestras tierras, afirmó.
¿Cómo es posible? Así por así nos quieren despojar de nuestras tierras, no estamos dispuestos a permitirlo, criticó Bravo e hizo la denuncia ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH).
Según información de HKND Group, propiedad de Wang Jing, la construcción del Canal empieza en diciembre próximo, por la zona de Rivas.
Bravo explicó que la comitiva de chinos censan las propiedades sin autorización de sus dueños. Nos quieren expropiar porque dicen que tenemos que salir. Esto lo tiene que saber todo Nicaragua porque estamos siendo víctimas de injusticias por el Gobierno.
EN EL COYOL Y SAN ANTONIO DE TOLA TAMBIÉN
Pobladores de las comunidades de El Coyol y San Antonio de Tola se reunieron ayer para organizarse y realizar protestas pacíficas contra el censo de HKND y la expropiación de sus propiedades.
Octavio Ortega Arana, presidente de la Fundación de Municipios de Rivas (Fundemur), quien ha estado dando asesoría a las comunidades sobre cómo manifestarse pacíficamente, reiteró que la principal preocupación es que los alcaldes de los sitios en la ruta del Canal no dan respuestas sobre el tema de las propiedades.
La señora Darling Hernández indicó que no venderá su casa ni que se la paguen a buen precio. ¿Dónde está nuestro Gobierno para que nos respalde? Vamos a protestar hasta que el Gobierno nos escuche, señaló.
La señora Nora Quedo Castillo es dueña de siete manzanas de terreno donde produce granos básicos. Tiene su casa y una pulpería y contó que ya un grupo empresarial le ofreció comprar su propiedad por 25,000 dólares la manzana, pero que le respetó su decisión de no vender. Ahora no es posible que con estos chinos lo obliguen a vender a uno al precio catastral para que ellos hagan sus hoteles y residencias, porque por aquí no pasa el Canal, no queremos que nadie nos saque a la fuerza, no nos vamos a ir de aquí, yo no quiero salir de mi propiedad, afirmó.
Para Evenor Noguera, de la comunidad de El Coyol, el hecho que se les esté dando toda la potestad a los chinos de apropiarse de cualquier parte de Nicaragua para hacer cualquier proyecto es un atropello a nuestra soberanía nacional y es una burla para los más pobres de Nicaragua, es una falta de respeto y de consideración del Gobierno hacia sus ciudadanos y ante esta situación tenemos que estar unidos y defender nuestros derechos.
(Colaboración de Lucía Navas y Yohany López).
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