Después de diez años de gestionar por las vías legales la posesión de una propiedad, los beneficiarios únicamente permanecieron tres días en la misma. Los denunciantes sostienen que sin orden judicial, la misma Policía que los auxilió los llegó a desalojar.
Rafael Estrada Ocampo, del Movimiento de Unidad Nacional, que acompañó a los denunciantes, sostuvo que el hecho ocurrido en Kisilala no es un hecho aislado.
“Esto es gravísimo, hay una resolución de un juez mediante un trámite legal correcto y al final viene un secretario político de un departamento y sencillamente (dice) son las autoridades las que mandan aquí… no hay institucionalidad”, dijo Estrada.
[/doap_box]
Los afectados denunciaron el caso en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Ahí, atribuyeron el desalojo al secretario político del Frente Sandinista de El Rama.
El hecho ocurrió en la comunidad de Kisilala, Puerto La Esperanza, El Rama, el pasado 18 de septiembre.
Rafael Dávila Hernández, representa al grupo de desmovilizados del Ejército y de la Resistencia Nicaragüense que en 2001 fueron beneficiados con 420 manzanas de tierra.
Dávila sostuvo que tras conocer la decisión judicial a favor de ellos, el secretario político, Pedro Martínez, acompañado de un grupo de armados se presentó al lugar y alegó que la decisión del juez fue ilegal.
“Valiéndose del cargo él llamó a la Policía”, manifestó Dávila. “Salgan, es una orden presidencial”, dice Rito de Jesús Pérez que les ordenaron.
Ana Mercedes López, abogada del Cenidh, criticó que en este caso hubo abuso de autoridad. El Cenidh acompañó a los denunciantes a Asuntos Internos de la Policía para denunciar la actuación de los uniformados.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A
